Casi el 25% de los jóvenes catalanes entre 16 y 24 años no trabajan ni estudian, según el informe sobre precariedad laboral de UGT-Catalunya referente al 2009. En Catalunya, este colectivo de desocupados e inactivos, desde el 2004, se ha incrementado un 133,7% y desde el 2007 un 56%, periodos en los cuales la política laboral catalana ha estado en manos del PSC. Este dato, más que una mala estadística, augura a largo plazo unas expectativas sociales nefastas.
Por otro lado, el Gobierno ya ha anunciado su propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años para poder mantener el sistema de la Seguridad Social. La CEOE, Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), el IESE y la Comisión Europea, por su parte, han propuesto un aumento gradual de la edad de jubilación hasta los 70 años para el mantenimiento futuro del sistema de pensiones. Por lo tanto, todo parece señalar que, más pronto o más tarde, la edad de jubilación de los jóvenes de hoy se alargará unos cinco años sobre la edad de jubilación actual. Y, correlativamente, se acabe exigiendo un período de cotización de, al menos, 40 años para percibir una pensión del 100% de la base reguladora.
Simultáneamente, la Comisión del Pacto de Toledo plantea actualmente una ampliación de 15 a 20 años el periodo de cálculo de la pensión, el Gobierno en su Programa de Estabilidad 2009-2013 ha propuesto ampliar el periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años y el grupo de los 100 economistas ha elaborado un documento en el que proponen ampliarlo a toda la vida laboral. La consecuencia inmediata de cualquiera de estas tres opciones, según los expertos, es que la pensión de jubilación media se reducirá entre un 10% y un 30%, dependiendo, si se amplía a 25 años o a toda la vida laboral. De hecho, la ampliación del período de referencia, de 10 a 15 años, en la reforma de las pensiones en 1997 ya supuso un recorte medio del 5%, equivalente a un 1% por año ampliado. Es decir, que un trabajador que haya completado toda la vida laboral establecida percibirá previsiblemente entre un 10 y un 30% menos en su futura pensión. Dicho en números, si la pensión media de jubilación actual es de 887,65 euros mensuales, ésta estaría entre 621,35 y 798,89 euros.
Para acabar de dibujar el futuro escenario vital de nuestros jóvenes, no es baladí señalar qué ocurre con el mercado de la vivienda. Las hipotecas habituales, por la tendencia del mercado, se constituyen actualmente a 40 años y, en este momento, el plazo medio de amortización está situado 27 años. Es decir, que teniendo en cuenta que la vida laboral es de 35 años, periodo que permite cobrar el 100% de la base reguladora de la pensión, la hipoteca acompaña al trabajador durante el 77% de su vida laboral, pero todo parece indicar que podrá llegar a ocupar el 100% de su vida activa. Hay que tener en cuenta que en 1990 el plazo medio de amortización de una hipoteca era de 12 años, lo que representaba apenas el 34% de la vida laboral de un trabajador en activo. En apenas 15 años, el tiempo medio en que se tarda en pagar una vivienda se ha más que duplicado. El hecho de que el plazo medio de amortización haya pasado de los 12 años en 1990, a los 17 en 1995, a los 22 años en 2000, a los actuales 27 años tiene una indudable repercusión social, toda vez que modifica los criterios de asignación de rentas en función de la edad.
De seguir este ritmo si la vida laboral se mantuviese a los 35 años, en 2015, ésta será equivalente a la de una hipoteca, lo que significa que para que pueda pagarse la hipoteca durante la vida laboral habría que adquirir una vivienda necesariamente antes de cumplir los 30 años. En caso contrario, el pago del piso tendrá que salir de la pensión de jubilación, situación en la que, por si, implicará un importante descenso en los ingresos.
La suma de todos estos datos nos dibuja un escenario social, para dentro de 30-40 años, verdaderamente pesimista. Los jóvenes que actualmente se hallan en edad laboral, sin trabajo, con trabajos precarios e intermitentes, con sueldos bajos, difícilmente estarán en condiciones de haber tenido una vida laboral completa y no podrán percibir una pensión de jubilación con el 100 % de su base reguladora, cuyo importe habrá minorado necesariamente hasta un 30% sobre las actuales.
Para ellos, la compatibilización de la hipoteca y la pensión de jubilación será una ecuación de resolución imposible. Es muy probable que con la pérdida de ingresos que ello suponga, tengan que seguir pagando una hipoteca de una vivienda que no será ya una forma de ahorro, sino que agravará su penuria económica. Sin ánimo de ser pesimista, la objetividad de los datos es inapelable y no es descabellado pensar que los jóvenes parados de hoy serán los pobres del mañana.
El desempleo juvenil, la precariedad laboral y los bajos sueldos deberían ser la primera preocupación de los partidos políticos. Hoy por hoy, no parece que formen parte de las prioridades políticas del Sr. Montilla (PSC-PSOE), ni del Sr. Mas (CiU), ni de la Sra. Sánchez Camacho (PP); candidatos de la próximas elecciones catalanas. Para unos, las cuestiones identitarias que van del Estatut y cómo burlar la sentencia del TC al “dret a decidir” y, para otros, la demagogia más descarnada basada en estimular la xenofobia más primaria con propuestas de represión y exclusión social de la inmigración son sus únicas preocupaciones políticas y sociales.
Mientras, se van creando sobre nuestros jóvenes los cimientos de una sociedad futura más pobre e injusta. La situación es grave y necesita soluciones urgentes. A la hora de votar, cada elector deberá poner de la mesa qué opción política afronta los problemas reales de la ciudadanía.
Y sólo con un diagnóstico objetivo de las causas de esta situación podrá acometerse la solución. El problema del paro en Catalunya y, en general, en España no es debida únicamente a la crisis, como falsamente se nos quiere hacer creer, sino que es el síntoma de un modelo agotado. La crisis del modelo educativo explica la profundidad y la gravedad del problema de desempleo juvenil. La existencia de 17 modelos educativos autonómicos distintos, la renuncia a los principios del esfuerzo, la excelencia y de la autoridad del profesorado nos ha conducido a la falta de competitividad en la escuela, en la universidad y se ha trasladado a la empresa.
Sólo a través de la competitividad y la educación se podrá salir, aunque sea lentamente, de este circulo vicioso. En UpyD, tenemos confianza en la sociedad, tenemos la ilusión y las propuestas para iniciar el cambio de rumbo. El camino no es fácil, las dificultades no nos arredran.
