EL SER O EL NO SER EN EL MUNDO GLOBLALIZADO: LA EDUCACIÓN

España, a tenor del PIB, es la novena potencia del mundo. Pero las expectativas de que se convierta en la octava potencia mundial se han desvanecido definitivamente, ya que en los próximos años no sólo no ascenderá puestos en la economía mundial sino que, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, perderá tres puestos y en 2014, en términos de PIB, pasará a ser la duodécima potencia del mundo.

El Índice de Producción Industrial de España cayó un 16% en 2009 con respecto a 2008, y en 2008 había caído un 7% con respecto a 2007. Según “The Economist”, en enero del año 2009, la producción industrial española sufrió, en términos anuales, el mayor deterioro comparativo con el resto de las producciones industriales de los otros grandes países del mundo; y en enero de 2010, la industria española sigue siendo la que peor se comporta.

El modelo económico español viene arrastrando desde hace años una productividad baja en comparación con las economías más avanzadas del mundo y, por tanto, con una competitividad global disminuida. Las causas de esta situación son diversas: el excesivo peso del sector de la construcción sobre el PIB, la tendencia histórica de suplir la inversión en capital con bajos costes laborales y, en lo que hoy nos interesa, a la escasa relación entre la universidad y la empresa, con una insuficiente tasa de inversión de I+D+i.

Podríamos achacar esta pérdida de capacidad económica a la crisis actual; sin embargo, si atendemos a los mimbres con los que estamos construyendo nuestro país llegaremos a una conclusión distinta: la inexistencia de un modelo educativo competitivo. Lo cual no nos permite ser optimistas ni a medio ni a largo plazo.

España, sin riquezas naturales y con un sector industrial con un comportamiento claramente desfavorable, necesita desarrollar una economía basada en el conocimiento, que constituye la única respuesta eficaz y verdaderamente competitiva frente a las grandes economías emergentes, como Brasil, China e India.

Así, en tecnología, nuestro índice de producción de patentes triádicas (familias de patentes importantes que se registran en EE.UU., Japón y UE, que se usan por la OCDE como indicador para medir y comparar los resultados de los países en materia de innovación y su expansión internacional) por habitante es dieciséis veces menor que en Alemania y veintitrés veces menor que en Suiza. Para entendernos, tardaríamos tres siglos para converger con Alemania.

Pero una economía basada en el conocimiento no se improvisa, ni se crea de un día para otro, ni siquiera de un lustro para otro, sino que requiere la creación de un contexto social, humano y científico que permita su desarrollo. Pero, en el caso de España, esa actividad universitaria de investigación que se requiere no existe ni tiene los instrumentos para crearse. Podríamos, incluso, auto-engañarnos si referimos los datos absolutos de actividad investigadora global, patentes o trabajos publicados, sin considerar su calidad.

Un elemento crucial para entender nuestros problemas con la investigación es la ausencia de buenas universidades. La semana pasada se hizo público el informe ARWU 2010 (Academic Ranking of World Universities), donde se relacionan las mejores universidades del mundo en función del número de alumnos y profesores que hayan obtenido un premio Nobel, el número de investigadores de reconocido prestigio, los artículos publicados y citados por las publicaciones científicas, así como por la recaudación por alumno en relación al tamaño del centro. Las mejores universidades de España, novena potencia económica mundial, se sitúan sólo entre los puestos 201 y 300, muy por detrás de británicos, suizos, franceses, daneses, suecos, alemanes, holandeses, fineses, noruegos, italianos y austriacos. Los diez primeros puestos está acaparados por las universidades de Estados Unidos y las británicas de Cambridge y Oxford, viéndose la pujanza de las universidades asiáticas que ocupan ya un 20% de las 500 mejores. Existe, pues, un evidente divorcio entre la posición económica de España y su nivel universitario -académico y de investigación-, lo cual no augura más que, en un futuro no muy remoto, una pérdida de peso económico como consecuencia directa.

Según el último informe publicado por “Newsweek”, los mejores sistemas educativos mundiales son los de Finlandia, Corea del Sur, Canadá, Singapur y Japón, frente a España que ocupa el puesto número 32, por detrás de Kazajistán (14º), Polonia (17º) o Cuba (20º). Un ejemplo de la importancia de la educación en el desarrollo económico de un país es Singapur. En unas generaciones, ha conseguido pasar de ser un país con una renta per cápita similar a la India a ser uno de los países más ricos del mundo gracias a la apuesta que se hizo, a partir de su independencia en 1965, por invertir en capital intelectual y humano, esto es, en educación. Su sistema educativo se ha basado fundamentalmente en la calidad, la flexibilidad y la especialización, en la que se enfatiza el reciclaje profesional; teniendo la excelencia como la clave en un sistema que busca una enseñanza activa. La Universidad Nacional de Singapur se encuentra en el puesto 109 del ranking ARWU. En Singapur, tanto gobernantes como ciudadanía, han sido conscientes que la única esperanza de prosperidad es ser más competitivos y eficientes que los demás, y que esto sólo se consigue estudiando y preparándose, en constante reciclaje.

No cabe duda, que una parte importante de la responsabilidad de la calidad de las respectivas universidades recae en las Comunidades Autónomas, que tienen competencias sobre las mismas. La creación indiscriminada de universidades por parte de las Comunidades Autónomas, existiendo en este momento 50 universidades públicas -más 24 privadas- que ocupan 100.000 personas y gastan 6.700 millones de euros, al margen de criterios académicos, de eficiencia, calidad, necesidad o utilidad, no constituye la mejor senda para alcanzar un alto nivel científico, sino únicamente sirven para alimentar una comunidad universitaria cada día más numerosa y puramente funcionarial. Los consabidos vicios de la endogamia universitaria, la corrupción en las oposiciones, la falta de movilidad de profesores y alumnos, así como la publicación de trabajos en base a criterios cuantitativos y no cualitativos no son más que síntomas del estado agónico de una Universidad que no atiende al mandato de excelencia y competitividad que la sociedad española requiere en un mundo y un mercado globales.

Y decisiones, como la que tomó la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña, de exigir el nivel C de catalán a catedráticos y profesores pertenecientes a las universidades catalanas es una piedra más en la construcción de una universidad mediocre, donde lejos de buscar la excelencia como único requisito académico, se ponen trabas e impedimentos para restringir la competencia, algo inimaginable en una universidad americana, hindú o asiática.

Hambre, para hoy; y hambruna, para mañana.

Soy Ministro; y de orgullo me llena, de la educación, ser barrenero.

En virtud de un Decreto vigente desde noviembre de 2008, los alumnos de Formación Profesional (FP) tienen acceso directo a la Universidad, sin necesidad de realizar examen de ingreso ni selectividad y sin que para ellos exista un cupo de plazas determinado.

Pero aún hay un problema añadido. No sólo su ingreso es directo, sino que su calificación se conforma por la nota media del ciclo con un incremento añadido a base de dos coeficientes: uno, sobre la mejor nota del expediente, y otro, sobre la segunda mejor nota. Lo que provoca que al entrar con calificaciones más altas y ahora en mayor número, la nota de corte se eleva para los alumnos procedentes de selectividad, imposibilitando su acceso a la carrera elegida. De hecho, determinados ciclos formativos de FP se cursan mayoritariamente en centros privados y que al no existir el filtro corrector de la selectividad las notas medias superan en casi dos puntos a las del bachillerato; lo cual se ve agravado con que quienes tienen que hacer la selectividad acostumbran a ver rebajada su nota en otro medio punto.

Y con esa calificación global, sin más cortapisas, los alumnos de FP tienen libre acceso a la Universidad, donde compiten con alumnos de Bachillerato, que ha tenido que superar la selectividad o Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), por las titulaciones con numerus clausus.

La supresión en la Universidad de los cupos de entrada para los estudiantes procedentes de los ciclos de FP, que no tienen necesidad de pasar por la selectividad, ha provocado una avalancha de alumnos en una veintena de carreras. La consecuencia de este “invento” ha sido que los estudios universitarios más demandados, como son Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Odontología, se han visto invadidos por alumnos procedentes de la FP, expulsando en su acceso a los procedentes del Bachillerato, que han tenido que superar un proceso selectivo más severo.

Los responsables universitarios alertan que la incidencia y los desequilibrios son fuertes, especialmente en titulaciones importantes como las del área sanitaria o Magisterio, que es clave para la formación de un país. Sin ir más lejos, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), por ejemplo, de las 154 plazas de primer curso de Magisterio de Educación Infantil, 139 han correspondido a alumnos de FP y sólo 15 a los que proceden de la selectividad. E incluso se da el caso de alumnos que han entrado en Magisterio que únicamente habían cursado Formación profesional administrativo. En el Institut Nacional d'Educació Física (INEF), en Barcelona, tiene un 66% de estudiantes procedentes de FP. En algunas Universidades, los titulados de FP han copado el 10% de las plazas de Medicina, el 50% de Enfermería y el 90% de Odontología.

El único elemento corrector que se introdujo por la Administración educativa fue que el plus que se puede conseguir en la nota de acceso a través de los exámenes de materias de modalidad podía llegar a ser de 4 puntos (nota máxima 14). Los de FP podían escoger entre sus mejores notas pero solamente podían sumar 2 (hasta 12). Esa limitación ha impedido a los alumnos de FP matricularse en carreras como Medicina, cuando en años anteriores se les reservaba un 10% de las plazas y en Magisterio se les reservaba el 30%.

Otro desequilibrio grave se produce debido a las materias que ya tienen convalidadas los alumnos de FP. En el caso de Educación Infantil de la UAB pueden ser 48 créditos de un total de 240. Eso significa que en segundo curso, donde se concentra la mayor parte de esas materias, los grupos estarán casi vacíos, pero deberán impartirse igual y además los alumnos no pagarán la matricula.

Resulta evidente que la FP necesitaba de un proceso de dignificación y de ofrecimiento de salidas en estudios superiores, pero nunca a cambio de allanar el camino hasta el punto de poner en el peligro el proyecto curricular de los alumnos procedentes del Bachillerato, provocar una discriminación para éstos, dando un acceso universitario privilegiado para los primeros.

La elección de los estudios universitarios en esa etapa de la vida trasciende mucho al hecho de escoger qué estudios resultan más interesantes, sino que cada alumno determina su futuro profesional para, seguramente, el resto de su vida. De ahí la importancia que este proceso se haga con arreglo a los principios de igualdad y mérito que debe regir toda la vida académica universitaria, en cualquiera de sus momentos, de su acceso como estudiante hasta el nombramiento del profesorado.

Chicos y chicas que salidos del bachillerato ven frustradas sus legitimas expectativas, a la vista de que de nada sirven sus esfuerzos de varios años y de superar la prueba de la selectividad frente a quienes han elegido otro currículo formativo, evitando tener que homologar sus conocimientos frente al resto de los sus futuros compañeros universitarios mediante una prueba de acceso.

El ministro Gabilondo y los Consejeros de Educación de las respectivas Comunidades autónomas deberían hacer una reflexión profunda sobre esta situación, pues no se pueden hacer experimentos con el futuro profesional de la juventud y que se les envíe tácitamente el mensaje de que de nada vale el esfuerzo ni los méritos en los estudios o en el mundo profesional. De continuar así, el ministro puede dinamitar el sistema educativo en una fase crucial, el del acceso a los estudios superiores, y con ello el de un montón de vocaciones profesionales en base a un Decreto absurdo e injusto, además de poner en peligro la calidad de estudios superiores de importancia para el futuro de la sociedad por haber introducido una descompensación irreflexiva y no corregida a tiempo.

En UPyD hemos propugnado que la educación de calidad es el instrumento más eficaz para avanzar hacia una igualdad real de oportunidades en una sociedad en la que no haya más desigualdades que las derivadas de la capacidad y el mérito y que la mejora de nuestro sistema educativo es crucial para posibilitar el cambio a un nuevo modelo productivo, basado en el conocimiento y la innovación tecnológica que genere empleo de calidad.

Es urgente, pues, que se establezca un cupo de plazas para los estudiantes de FP o éstos que realicen una prueba de acceso a la Universidad, la misma o similar a la segunda que realizan los de la nueva Selectividad y que está destinada, precisamente, a los estudios con numerus clausus.

Ministro, como decía el clásico; los experimentos, con gaseosa.

Endodoncia estatutaria

La larga y prolija sentencia del Tribunal Constitucional, por su extensión y complejidad, promete convertirse en nuestra lectura veraniega por excelencia. Y como todas las sentencias del Tribunal Constitucional, más que una lectura superficial, deberá ser objeto de trabajos y estudios por constitucionalistas y juristas de todo orden, para poder extraer sus consecuencias jurídicas, de presente y de futuro, en el contexto del resto de la jurisprudencia constitucional.

En una primera lectura, se advierte cómo la sentencia da importancia en dejar claramente inerte el concepto “nación” -con la expresión “carecen de eficacia jurídica interpretativa”-, que sibilinamente se había puesto en el preámbulo del Estatuto y que era el hilo con el que se había cosido todo el Estatut. La mención a la nación no era gratuita, sino que era la clave de interpretación de todo el contenido normativo del Estatut. Esa referencia a la “realidad nacional de Cataluña” pretendía ser la célula madre de un Estado dentro del Estado y de ahí la importancia de que haya quedado a las claras que no cabía en la Constitución.

Por eso, en consonancia con esa declaración implícita de soberanía que efectuaba el Estatut, no resultaba extraño que éste aspirara a tener un poder judicial propio, a establecer relaciones de bilateralidad con el Estado español, a regular los derechos y deberes de los ciudadanos catalanes y definir unilateralmente las propias competencias, todo ello al margen de la Constitución.

La caída del concepto nación forzosamente ha deparado la declaración de inconstitucionalidad del entramado para-estatal que se pretendía armar -como dice gráficamente la sentencia “petrificar”- para ir creando, ley a ley, una auténtica estructura de Estado, amparado en el Estatut.

Por ello, la declaración de inconstitucionalidad de la mención de la “nación catalana” y a la “realidad nacional de Cataluña” ha supuesto matar el nervio del Estatut, una auténtica endodoncia estatutaria, que ha dejado el texto en el lugar que le corresponde que no es otro que formar parte del bloque constitucional de las leyes, por debajo de la Constitución y al lado del resto de los Estatutos de las demás Comunidades autónomas, dentro del Estado autonómico que la Constitución establece.

Y, si se quería hacer mención a la nación, como dice la sentencia, "como realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa" no es un texto jurídico el lugar donde hacerlo, ni las leyes están para regular los sentimientos de los ciudadanos.

Endodòncia estatutària

La llarga i prolixa sentència del Tribunal Constitucional, per la seva extensió i complexitat, promet convertir-se en la nostra lectura estiuenca per excel.lencia. I com totes les sentències del Tribunal Constitucional, més que una lectura superficial, tindrà que ser objecte de treballs i estudis de constitucionalistes i juristes de tot ordre, per tal de poder extreure les seves conseqüències jurídiques, de present i de futur, en el context de la resta de la jurisprudència constitucional.

En una primera lectura, s'adverteix com la sentència dóna importància en deixar clarament inert el concepte “nació” -amb l'expressió “careixen d'eficàcia jurídica interpretativa”-, que sibilinament s'havia posat al preàmbul de l'Estatut i que era el fil amb el que s'havia cosit tot l'Estatut. La menció a la nació no era gratuïta, sino que era la clau d'interpretació de tot el contingut normatiu de l'Estatut, i aquesta referència a la realitat nacional de Catalunya pretenia ser la cèl.lula mare d'un Estat dintre de l'Estat i d'aqui la importància de que hagi quedat a les clares que no hi cabia a la Constitució.

Per això, en consonància amb aquesta declaració implícita de sobirania, no resultava estrany que l'Estatut aspirés a tenir un poder judicial propi, a establir relacions de bilateralitat amb l'Estat espanyol, a regular els drets i deures dels catalans i definir unlateralment com les pròpies competències, tot al marge de la Constitució.

La caiguda del concepte nació forçosament ha donat lloc a la declaració d'inconstitucionalitat de l'entramat para-estatal que es pretenia armar -como diu gràficamente la sentència “petrificar”- per anar creant, llei a llei, una autèntica estructura d'Estat, emparat a l'Estatut.

Per això, la declaració d'inconstitucionalitat de la menció de la “nació catalana” i a la “realitat nacional de Catalunya” ha suposat matar el nervi de l'Estatut, una autèntica endodòncia estatutària, que ha deixat el text en el lloc que li correspon que no és altre que formar part del bloc constitucional de les lleis, per sota de la Constitució i al costat de la resta dels Estatuts de les demés Comunitats autònomes, dins de l'Estat autonòmic que la Constitució estableix.

I, si es volia fer menció a la nació, com diu la sentència, “com realitat cultural, històrica, lingüística, sociològica i fins i tot religiosa” no és un text jurídic el lloc on fer-ho, ni les lleis estan per regular els sentiments dels ciutadans.

Por quién doblan las campanas constitucionales

Después de casi cuatro años de espera y numerosas vicisitudes procesales, se ha dictado el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El permanente torpedeo con numerosas fintas procesales del Gobierno de la Generalitat no ha impedido que finalmente se dictase la sentencia por este Tribunal, y no otro.

El interés que ha causado el fallo en Cataluña ha sido inferior al discreto entusiasmo con que los catalanes ratificaron el estatuto en referéndum (49,4% del censo electoral del que el 73,9% ha votado a favor). El ruido político y de los medios públicos y escritos subvencionados ha caído en el mar de indiferencia de la ciudadanía. Los problemas de los catalanes no son el Estatuto, ni la sentencia del Constitucional, ni las llamadas a la rebelión por el funesto Presidente de la Generalidad; sino que lo son el paro (20,05 % de la población activa), la pérdida de actividad económica, la falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas y, si me apuran, la corrupción generalizada en las instituciones catalanas (Ayuntamientos, Generalitat, …), a las que le ha venido como agua de mayo que el Tribunal Constitucional les haya dado un capotazo para distraer la atención de lo que se va revelando en el caso Millet, que implica gravemente a cargos de CiU y del PSC, poniéndose en evidencia la colusión de intereses convergentes y socialistas en las mordidas y comisiones en su abordaje de las Administraciones.

No obstante, durante estos cuatro años de espera del fallo, se nos ha ofrecido por las instituciones catalanas un triste espectáculo que ha puesto en evidencia la crisis institucional en la que se halla sumida España. Resulta sintomático que un Presidente de la Generalidad con inusitada insistencia dedique parte de su actividad política a desprestigiar a un órgano del Estado, el Tribunal Constitucional, e incluso a insinuar de haber actuado éste de forma prevaricadora, así como al resto de los líderes de los partidos políticos hayan actuado en igual cruzada deletérea contra el Estado y sus principales instituciones. Y como insólito resulta que Montilla proponga públicamente un fraude constitucional al presidente del Gobierno para burlar la sentencia del Tribunal.

Tan importante resulta el fallo, ahora conocido, como los argumentos y la interpretación que de los demás artículos del Estatuto realice el Tribunal Constitucional en su sentencia. Por lo tanto, la prudencia obliga a tener que esperar a la lectura de la sentencia completa y su estudio. Por el contrario, no parece que los argumentos y razonamientos jurídicos de la sentencia interesen a los nacionalistas que no duda en convocar una manifestación contra una sentencia cuyo contenido desconocen, donde es claro que las razones no interesan, lo que es la antítesis de un Estado de Derecho que es el gobierno supremo de la Ley.

Sin embargo, el fallo sí que resulta explícito en cuanto a la mención que carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña, lo cual significa dejar un concepto inerte en el texto estatuario, vacío de contenido. Una vestidura sin contenido, lo cual sigue el camino iniciado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 12 de diciembre de 2007, que es mantener inútilmente en las leyes declaraciones estatutarias jurídicamente ineficaces, sin acordar su nulidad. Lo cual raya lo metafísico, el ser y no ser en unidad de acto.

Finalmente han tañido las campanas del Tribunal Constitucional, pero no sabemos por quién doblan las campanas.

Ramon de Veciana Batlle

Consejo de Dirección UPyD

La justicia en almoneda

El nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quedó el pasado día 21 nuevamente frustrado por no haberse alcanzado el quórum necesario para su nombramiento, después de la negociación entre los llamados grupos conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Huelga decir que este nombramiento no se rige por llamados criterios profesionales de mérito, capacidad y escalafón judicial, sino que es un nombramiento estrictamente de orden político, basado en criterios de afinidad ideológica o política del nombrado.

La terna de candidatos para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está integrada, por su actual presidenta, María Eugenia Alegret, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, y por los magistrados Joaquín Bayo y Miguel Ángel Gimeno, éste último miembro y portavoz de la asociación profesional Jueces para la Democracia.

Desgraciadamente, al ciudadano de la calle, no le afecta directamente, ya que difícilmente ninguno se verá personalmente afectado por dicha decisión. Pero no puede decirse lo mismo respecto de los miembros aforados, especialmente, diputados y miembros del gobierno de la Generalitat, quienes pueden ser juzgados en asuntos penales por una Sala presidida por un Presidente de Tribunal de un signo político u otro. De ahí la lucha política entre los distintos grupos del CGPJ, calcados a imagen y semejanza de los grupos parlamentarios que los propusieron y nombraron, para designar al Presidente afín a sus postulados en simetría exacta a lo que realizan los grupos parlamentarios del PSOE y el PP en el Congreso de los Diputados

Es más, hasta donde se sabe, las negociaciones entre los dos grupos mayoritarios del CGPJ se realiza como un puro intercambio de “cromos” -“tu me das la presidencia de Cataluña y yo te doy la presidencia de Valencia o el País Vasco”, donde la negociación de los nombramientos se hace como si fuera realmente una venta en almoneda.

La elección para la presidencia del TSJ de Cataluña se encuentra polarizada entre la APM y JD; esto es, entre María Victoria Alegret, que viene avalada por su gestión como actual presidenta, y Miguel Ángel Gimeno, el aspirante. Joaquín Bayo, magistrado independiente quien fue Juez Decano en Barcelona y con un largo currículum profesional, lamentablemente sólo está presente como invitado de piedra para completar la exigencia legal de una terna elegible.

El ejemplo de la importancia del presidente de un Tribunal en las decisiones para los aforados, lo tuvimos en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el caso Gürtel donde la causa al presidente valenciano Camps fue archivada gracias a la intervención del Presidente del Tribunal, aupado en su día por los votos del PP. En Cataluña la preocupación de los políticos catalanes por este nombramiento es máxima, habida cuenta de las últimas revelaciones del caso Palau y del caso Pretoria que afectan a miembros destacados del PSC y CiU.

Con estos mimbres, se ha construido el cesto de la Justicia en España. Ocurriendo esto en la cúpula de la Justicia, nadie duda que la politización de sus órganos rectores contamina, como su fuera el torrente sanguíneo, toda la Administración de Justicia, desde el Tribunal Supremo hasta el juzgado de paz de cualquier localidad, sin que se salve ninguno de ellos.

Hoy, aparece publicado (EL PAIS 27.06.10) que el 60% de los españoles consideran que la justicia funciona mal o muy mal, pero lo que es peor es que el 51% de los ciudadanos dudan sobre la independencia e imparcialidad de los Tribunales, hasta el punto que un 48% creen con sobornos puede uno librarse hoy en España de ser procesado.

Estos datos ponen en cuestión a todo el sistema judicial en España, como poder del Estado, lo que debería obligar a reflexionar al CGPJ sobre la necesidad de acabar con la triste imagen de politización que ofrece y de acabar con este camino de nombramientos por afinidades políticas y que, de una vez por todas, los nombramientos se hicieran por estrictos principios de mérito, capacidad y escalafón.

De ahí la urgencia en la reforma del CGPJ. Desde UPyD, proponemos que doce de los veinte jueces y magistrados sean elegidos de forma directa, en listas abiertas, voto secreto y personal; cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales; tres por los fiscales y dos por los abogados. Los ocho restantes se elegirían cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado de igual forma que en la actualidad, pero aumentando a veinte años el requisito de experiencia, sin ninguno de ellos podrá ser ex miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las CCAA, ni haber estado afiliado a un partido político en la legislatura anterior.

Pero, en este momento, no todo depende de los cambios legislativos sino que depende fundamentalmente de la actitud deontológica y puramente democrática, en el sentido más profundo del término, de los miembros del CGPJ para que el nombramiento de los cargos judiciales se haga de una vez por todas en base a criterios objetivos y profesionales y no por motivaciones espurias, esto es, de afinidad política o ideológica.

Nos jugamos en ello la credibilidad de un poder del Estado, lo cual no es cuestión menor.

Banda sonora para una crisis

La falta de escrúpulos de Zapatero nos ha llevado a una de las crisis económicas más graves que ha sufrido España. No se trata de una crisis meramente coyuntural, como él no se cansa de repetir, sino que ha barrido con las bases económicas del país: una crisis financiera, una crisis fiscal, una crisis bancaria, una crisis presupuestaria; en definitiva, una crisis de modelo económico.

Su negacionismo de la crisis ha sido una nueva demostración del cinismo que ha venido aplicando durante los últimos años en su política económica y fiscal. Cualquier cosa le ha valido mientras sirviera para ganar elecciones, aunque haya dejado el país hecho un solar.

La falta de adopción de medidas por parte de Zapatero, esperando que escampase la crisis gracias al empuje del resto de las economías europeas, ha hecho que los organismos y mandatarios internacionales hayan tomando consciencia de la gravedad de la situación en España.

Pero la situación ha llegado a un punto de no retorno de modo que el gobierno Zapatero ha tenido que ser intervenido por el FMI, por el ECOFIN, por Ángela Merkel y por Barack Obama. El Real Decreto de medidas para la reducción del déficit ha sido la muestra más evidente; no ha sido un parto natural – resultado lógico del estudio y reflexión del equipo económico del gobierno Zapatero-, sino que ha sido un parto provocado “in extremis” mediante fórceps, teniendo como comadronas a Ángela Mérkel y Barack Obama, el ECOFIN y el FMI, quienes ante la inactividad han acabado imponiendo el contenido y el momento.

Quedó pendiente la reforma del mercado de trabajo que también ha entrado en el mismo proceso de hacer ver que se negocia, como ya se hizo antes en las reuniones del Palacio de Zurbano, para tener que acabar imponiendo una normativa que le viene dada desde la superioridad internacional. Buena prueba de ello es que ni siquiera se sabe a ciencia cierta qué propone el ministro Corbacho, ministro silente durante todo su mandato, si es que realmente propone algo.

Al igual que para las Cajas de Ahorro se habla de fusiones frías, debemos hablar en el caso de España de una intervención fría, que se ha realizado por los actores económicos internacionales sin que llegue a visualizarse la imposición de las medidas, para no comprometer el poco prestigio internacional que le queda a España; a diferencia de la Grecia que ha sido claramente una intervención caliente, con la actuación traumática de la Unión Europea y del FMI, con luces y taquígrafos.

Por eso, durante estos días, ha estado sonando de fondo la banda sonora de este disparatado proceso, teniendo como intérprete al propio Presidente del Gobierno:

El FMI, el ECOFIN, Merkel y Obama

me quieren gobernar

Y yo le sigo, les sigo, la corriente

porque no quiero que diga la gente

que el FMI, el ECOFIN, Merkel y Obama

Me quieren gobernar!

¿Porqué?
Me quieren gobernar

La desafección política o los políticos desafectos a la democracia

La desafección política es la expresión más evidente del progresivo alejamiento de la ciudadanía de la política y de los partidos políticos; en general, es la manifestación del desprestigio de todo lo público.

No es un fenómeno nuevo en las democracias occidentales, pero en España se ha hecho más profunda, elección tras elección, donde se ha pasado de una alta abstención a una abstención militante, como respuesta política de mayor calado que el simple voto en blanco, que pone en cuestión el propio sistema institucional (baste recordar el referéndum del Estatuto de Cataluña o la consulta del Ayuntamiento de Barcelona sobre la remodelación de la Diagonal).

Pero un fenómeno tan complejo no es reducible a una sola causa, sino que incide sobre él todo un conjunto de factores, que van de condiciones meramente coyunturales a otras de carácter estructural.

El primer factor es atribuible a la falta de representatividad de la ciudadanía en los parlamentos, que los ciudadanos no sienten como propios ni por su composición -como consecuencia de la propia Ley electoral que prima claramente los grandes partidos frente al verdadero pluralismo político-, ni por su lenguaje arquetípico que no conecta con el sentir popular, ni por sus debates de cuestiones ajenas a las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía (Estatut, Ley de Memoria histórica etc…) que sólo interesan a la sociedad política o, más concretamente, a los políticos profesionales. Por ello, tal y como propugnamos desde UPyD, la reforma de la Ley electoral a verdaderos postulados de proporcionalidad, elaborará un sistema electoral más democrático y proporcional a la hora de transformar los votos en escaños sin favorecer a los dos grandes partidos, lo que distorsiona gravemente la voluntad manifestada en las urnas por el pueblo español y mejorara la igualdad en el valor del voto que cada español emite es una lógica demanda democrática. Esta no es una cuestión menor de ahí que desde UPyD entendamos que la reforma de la Ley electoral constituye un elemento necesario para poner fin a la desafección política.

Y cuando se quiere corregir esa distancia entre los ciudadanos y los partidos políticos mediante marketing parece no percibirse que la retórica vacía, sin un verdadero proyecto político que proponer, no convence ya ni a los más próximos. Y, por el contrario, sí sucede que, con tales prácticas, se fomenta una “democracia espectadora”, ajena al principio de la participación política de los ciudadanos. Por que sin proyecto no hay liderazgo que emerja y, menos aún, que subsista.

Otro factor es la profesionalización de la política, lo que impide el necesario trasvase de ciudadanos a la política y viceversa, como si fueran vasos comunicantes, en un constante enriquecimiento mutuo. Hay políticos que llevan en la vida política más de treinta años o que no han conocido ninguna actividad que no sea la política. Leyre Pajín o Bibiana Aído son dos vivos ejemplos de lo que no debería ser un político, quienes, sin experiencia profesional ni siquiera maduración personal, desde temprana edad han vivido de y para la política, al margen de la cruda realidad de los ciudadanos que dicen representar.

La falta de credibilidad de los políticos constituye otro factor, alimentado por los incumplimientos o retrasos de compromisos electorales o programáticos considerados importantes para la sociedad. No abundaremos aquí en las falsas promesas del gobierno en materia de políticas sociales.

Pero también, erosionan la credibilidad de los políticos la falta de coherencia en sus comportamientos personales. Sin ir más lejos, qué credibilidad puede tener el Presidente de la Generalitat, José Montilla, quien impone la inmersión lingüística a los catalanes, vulnerando su derecho a la elección lingüística, mientras que él si que puede elegir, por que su sueldo público se lo permite, llevando a sus hijos al elitista y privado Colegio Alemán, donde la enseñanza se realiza en alemán.

Finalmente, la tibieza o, incluso, la actitud de encubrimiento que, por parte de los partidos políticos, se tiene frente a los delitos cometidos por sus dirigentes o afiliados - véase como referentes los casos Pretoria o Palau en Cataluña o Gürtel en Valencia, o de Unión Mallorquina en Mallorca- acaban socavando el espacio de confianza que los ciudadanos tienen en los políticos, como sujetos que deben honrar la vida pública y no, por el contrario, disculpar los desmanes de sus correligionarios. UPyD ha hecho en el Congreso propuestas y enmiendas en este sentido. Por cierto, ¿Dónde están las medidas de saneamiento de la actividad política prometidas por Montilla?

Por todo ello, urgen medidas de regeneración democrática, lo que no admite ya más demora. La democracia está en riesgo, que es de material sensible, fácilmente degradable. La elevación del nivel ético en la política dependerá no sólo de las leyes, sino también de la autoexigencia de la ciudadanía y de los políticos y, fundamentalmente, por el ejercicio responsable de los ciudadanos del derecho a voto en cada convocatoria electoral.