Por quién doblan las campanas constitucionales

Después de casi cuatro años de espera y numerosas vicisitudes procesales, se ha dictado el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El permanente torpedeo con numerosas fintas procesales del Gobierno de la Generalitat no ha impedido que finalmente se dictase la sentencia por este Tribunal, y no otro.

El interés que ha causado el fallo en Cataluña ha sido inferior al discreto entusiasmo con que los catalanes ratificaron el estatuto en referéndum (49,4% del censo electoral del que el 73,9% ha votado a favor). El ruido político y de los medios públicos y escritos subvencionados ha caído en el mar de indiferencia de la ciudadanía. Los problemas de los catalanes no son el Estatuto, ni la sentencia del Constitucional, ni las llamadas a la rebelión por el funesto Presidente de la Generalidad; sino que lo son el paro (20,05 % de la población activa), la pérdida de actividad económica, la falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas y, si me apuran, la corrupción generalizada en las instituciones catalanas (Ayuntamientos, Generalitat, …), a las que le ha venido como agua de mayo que el Tribunal Constitucional les haya dado un capotazo para distraer la atención de lo que se va revelando en el caso Millet, que implica gravemente a cargos de CiU y del PSC, poniéndose en evidencia la colusión de intereses convergentes y socialistas en las mordidas y comisiones en su abordaje de las Administraciones.

No obstante, durante estos cuatro años de espera del fallo, se nos ha ofrecido por las instituciones catalanas un triste espectáculo que ha puesto en evidencia la crisis institucional en la que se halla sumida España. Resulta sintomático que un Presidente de la Generalidad con inusitada insistencia dedique parte de su actividad política a desprestigiar a un órgano del Estado, el Tribunal Constitucional, e incluso a insinuar de haber actuado éste de forma prevaricadora, así como al resto de los líderes de los partidos políticos hayan actuado en igual cruzada deletérea contra el Estado y sus principales instituciones. Y como insólito resulta que Montilla proponga públicamente un fraude constitucional al presidente del Gobierno para burlar la sentencia del Tribunal.

Tan importante resulta el fallo, ahora conocido, como los argumentos y la interpretación que de los demás artículos del Estatuto realice el Tribunal Constitucional en su sentencia. Por lo tanto, la prudencia obliga a tener que esperar a la lectura de la sentencia completa y su estudio. Por el contrario, no parece que los argumentos y razonamientos jurídicos de la sentencia interesen a los nacionalistas que no duda en convocar una manifestación contra una sentencia cuyo contenido desconocen, donde es claro que las razones no interesan, lo que es la antítesis de un Estado de Derecho que es el gobierno supremo de la Ley.

Sin embargo, el fallo sí que resulta explícito en cuanto a la mención que carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña, lo cual significa dejar un concepto inerte en el texto estatuario, vacío de contenido. Una vestidura sin contenido, lo cual sigue el camino iniciado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 12 de diciembre de 2007, que es mantener inútilmente en las leyes declaraciones estatutarias jurídicamente ineficaces, sin acordar su nulidad. Lo cual raya lo metafísico, el ser y no ser en unidad de acto.

Finalmente han tañido las campanas del Tribunal Constitucional, pero no sabemos por quién doblan las campanas.

Ramon de Veciana Batlle

Consejo de Dirección UPyD

La justicia en almoneda

El nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quedó el pasado día 21 nuevamente frustrado por no haberse alcanzado el quórum necesario para su nombramiento, después de la negociación entre los llamados grupos conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Huelga decir que este nombramiento no se rige por llamados criterios profesionales de mérito, capacidad y escalafón judicial, sino que es un nombramiento estrictamente de orden político, basado en criterios de afinidad ideológica o política del nombrado.

La terna de candidatos para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está integrada, por su actual presidenta, María Eugenia Alegret, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, y por los magistrados Joaquín Bayo y Miguel Ángel Gimeno, éste último miembro y portavoz de la asociación profesional Jueces para la Democracia.

Desgraciadamente, al ciudadano de la calle, no le afecta directamente, ya que difícilmente ninguno se verá personalmente afectado por dicha decisión. Pero no puede decirse lo mismo respecto de los miembros aforados, especialmente, diputados y miembros del gobierno de la Generalitat, quienes pueden ser juzgados en asuntos penales por una Sala presidida por un Presidente de Tribunal de un signo político u otro. De ahí la lucha política entre los distintos grupos del CGPJ, calcados a imagen y semejanza de los grupos parlamentarios que los propusieron y nombraron, para designar al Presidente afín a sus postulados en simetría exacta a lo que realizan los grupos parlamentarios del PSOE y el PP en el Congreso de los Diputados

Es más, hasta donde se sabe, las negociaciones entre los dos grupos mayoritarios del CGPJ se realiza como un puro intercambio de “cromos” -“tu me das la presidencia de Cataluña y yo te doy la presidencia de Valencia o el País Vasco”, donde la negociación de los nombramientos se hace como si fuera realmente una venta en almoneda.

La elección para la presidencia del TSJ de Cataluña se encuentra polarizada entre la APM y JD; esto es, entre María Victoria Alegret, que viene avalada por su gestión como actual presidenta, y Miguel Ángel Gimeno, el aspirante. Joaquín Bayo, magistrado independiente quien fue Juez Decano en Barcelona y con un largo currículum profesional, lamentablemente sólo está presente como invitado de piedra para completar la exigencia legal de una terna elegible.

El ejemplo de la importancia del presidente de un Tribunal en las decisiones para los aforados, lo tuvimos en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el caso Gürtel donde la causa al presidente valenciano Camps fue archivada gracias a la intervención del Presidente del Tribunal, aupado en su día por los votos del PP. En Cataluña la preocupación de los políticos catalanes por este nombramiento es máxima, habida cuenta de las últimas revelaciones del caso Palau y del caso Pretoria que afectan a miembros destacados del PSC y CiU.

Con estos mimbres, se ha construido el cesto de la Justicia en España. Ocurriendo esto en la cúpula de la Justicia, nadie duda que la politización de sus órganos rectores contamina, como su fuera el torrente sanguíneo, toda la Administración de Justicia, desde el Tribunal Supremo hasta el juzgado de paz de cualquier localidad, sin que se salve ninguno de ellos.

Hoy, aparece publicado (EL PAIS 27.06.10) que el 60% de los españoles consideran que la justicia funciona mal o muy mal, pero lo que es peor es que el 51% de los ciudadanos dudan sobre la independencia e imparcialidad de los Tribunales, hasta el punto que un 48% creen con sobornos puede uno librarse hoy en España de ser procesado.

Estos datos ponen en cuestión a todo el sistema judicial en España, como poder del Estado, lo que debería obligar a reflexionar al CGPJ sobre la necesidad de acabar con la triste imagen de politización que ofrece y de acabar con este camino de nombramientos por afinidades políticas y que, de una vez por todas, los nombramientos se hicieran por estrictos principios de mérito, capacidad y escalafón.

De ahí la urgencia en la reforma del CGPJ. Desde UPyD, proponemos que doce de los veinte jueces y magistrados sean elegidos de forma directa, en listas abiertas, voto secreto y personal; cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales; tres por los fiscales y dos por los abogados. Los ocho restantes se elegirían cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado de igual forma que en la actualidad, pero aumentando a veinte años el requisito de experiencia, sin ninguno de ellos podrá ser ex miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las CCAA, ni haber estado afiliado a un partido político en la legislatura anterior.

Pero, en este momento, no todo depende de los cambios legislativos sino que depende fundamentalmente de la actitud deontológica y puramente democrática, en el sentido más profundo del término, de los miembros del CGPJ para que el nombramiento de los cargos judiciales se haga de una vez por todas en base a criterios objetivos y profesionales y no por motivaciones espurias, esto es, de afinidad política o ideológica.

Nos jugamos en ello la credibilidad de un poder del Estado, lo cual no es cuestión menor.

Banda sonora para una crisis

La falta de escrúpulos de Zapatero nos ha llevado a una de las crisis económicas más graves que ha sufrido España. No se trata de una crisis meramente coyuntural, como él no se cansa de repetir, sino que ha barrido con las bases económicas del país: una crisis financiera, una crisis fiscal, una crisis bancaria, una crisis presupuestaria; en definitiva, una crisis de modelo económico.

Su negacionismo de la crisis ha sido una nueva demostración del cinismo que ha venido aplicando durante los últimos años en su política económica y fiscal. Cualquier cosa le ha valido mientras sirviera para ganar elecciones, aunque haya dejado el país hecho un solar.

La falta de adopción de medidas por parte de Zapatero, esperando que escampase la crisis gracias al empuje del resto de las economías europeas, ha hecho que los organismos y mandatarios internacionales hayan tomando consciencia de la gravedad de la situación en España.

Pero la situación ha llegado a un punto de no retorno de modo que el gobierno Zapatero ha tenido que ser intervenido por el FMI, por el ECOFIN, por Ángela Merkel y por Barack Obama. El Real Decreto de medidas para la reducción del déficit ha sido la muestra más evidente; no ha sido un parto natural – resultado lógico del estudio y reflexión del equipo económico del gobierno Zapatero-, sino que ha sido un parto provocado “in extremis” mediante fórceps, teniendo como comadronas a Ángela Mérkel y Barack Obama, el ECOFIN y el FMI, quienes ante la inactividad han acabado imponiendo el contenido y el momento.

Quedó pendiente la reforma del mercado de trabajo que también ha entrado en el mismo proceso de hacer ver que se negocia, como ya se hizo antes en las reuniones del Palacio de Zurbano, para tener que acabar imponiendo una normativa que le viene dada desde la superioridad internacional. Buena prueba de ello es que ni siquiera se sabe a ciencia cierta qué propone el ministro Corbacho, ministro silente durante todo su mandato, si es que realmente propone algo.

Al igual que para las Cajas de Ahorro se habla de fusiones frías, debemos hablar en el caso de España de una intervención fría, que se ha realizado por los actores económicos internacionales sin que llegue a visualizarse la imposición de las medidas, para no comprometer el poco prestigio internacional que le queda a España; a diferencia de la Grecia que ha sido claramente una intervención caliente, con la actuación traumática de la Unión Europea y del FMI, con luces y taquígrafos.

Por eso, durante estos días, ha estado sonando de fondo la banda sonora de este disparatado proceso, teniendo como intérprete al propio Presidente del Gobierno:

El FMI, el ECOFIN, Merkel y Obama

me quieren gobernar

Y yo le sigo, les sigo, la corriente

porque no quiero que diga la gente

que el FMI, el ECOFIN, Merkel y Obama

Me quieren gobernar!

¿Porqué?
Me quieren gobernar

La desafección política o los políticos desafectos a la democracia

La desafección política es la expresión más evidente del progresivo alejamiento de la ciudadanía de la política y de los partidos políticos; en general, es la manifestación del desprestigio de todo lo público.

No es un fenómeno nuevo en las democracias occidentales, pero en España se ha hecho más profunda, elección tras elección, donde se ha pasado de una alta abstención a una abstención militante, como respuesta política de mayor calado que el simple voto en blanco, que pone en cuestión el propio sistema institucional (baste recordar el referéndum del Estatuto de Cataluña o la consulta del Ayuntamiento de Barcelona sobre la remodelación de la Diagonal).

Pero un fenómeno tan complejo no es reducible a una sola causa, sino que incide sobre él todo un conjunto de factores, que van de condiciones meramente coyunturales a otras de carácter estructural.

El primer factor es atribuible a la falta de representatividad de la ciudadanía en los parlamentos, que los ciudadanos no sienten como propios ni por su composición -como consecuencia de la propia Ley electoral que prima claramente los grandes partidos frente al verdadero pluralismo político-, ni por su lenguaje arquetípico que no conecta con el sentir popular, ni por sus debates de cuestiones ajenas a las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía (Estatut, Ley de Memoria histórica etc…) que sólo interesan a la sociedad política o, más concretamente, a los políticos profesionales. Por ello, tal y como propugnamos desde UPyD, la reforma de la Ley electoral a verdaderos postulados de proporcionalidad, elaborará un sistema electoral más democrático y proporcional a la hora de transformar los votos en escaños sin favorecer a los dos grandes partidos, lo que distorsiona gravemente la voluntad manifestada en las urnas por el pueblo español y mejorara la igualdad en el valor del voto que cada español emite es una lógica demanda democrática. Esta no es una cuestión menor de ahí que desde UPyD entendamos que la reforma de la Ley electoral constituye un elemento necesario para poner fin a la desafección política.

Y cuando se quiere corregir esa distancia entre los ciudadanos y los partidos políticos mediante marketing parece no percibirse que la retórica vacía, sin un verdadero proyecto político que proponer, no convence ya ni a los más próximos. Y, por el contrario, sí sucede que, con tales prácticas, se fomenta una “democracia espectadora”, ajena al principio de la participación política de los ciudadanos. Por que sin proyecto no hay liderazgo que emerja y, menos aún, que subsista.

Otro factor es la profesionalización de la política, lo que impide el necesario trasvase de ciudadanos a la política y viceversa, como si fueran vasos comunicantes, en un constante enriquecimiento mutuo. Hay políticos que llevan en la vida política más de treinta años o que no han conocido ninguna actividad que no sea la política. Leyre Pajín o Bibiana Aído son dos vivos ejemplos de lo que no debería ser un político, quienes, sin experiencia profesional ni siquiera maduración personal, desde temprana edad han vivido de y para la política, al margen de la cruda realidad de los ciudadanos que dicen representar.

La falta de credibilidad de los políticos constituye otro factor, alimentado por los incumplimientos o retrasos de compromisos electorales o programáticos considerados importantes para la sociedad. No abundaremos aquí en las falsas promesas del gobierno en materia de políticas sociales.

Pero también, erosionan la credibilidad de los políticos la falta de coherencia en sus comportamientos personales. Sin ir más lejos, qué credibilidad puede tener el Presidente de la Generalitat, José Montilla, quien impone la inmersión lingüística a los catalanes, vulnerando su derecho a la elección lingüística, mientras que él si que puede elegir, por que su sueldo público se lo permite, llevando a sus hijos al elitista y privado Colegio Alemán, donde la enseñanza se realiza en alemán.

Finalmente, la tibieza o, incluso, la actitud de encubrimiento que, por parte de los partidos políticos, se tiene frente a los delitos cometidos por sus dirigentes o afiliados - véase como referentes los casos Pretoria o Palau en Cataluña o Gürtel en Valencia, o de Unión Mallorquina en Mallorca- acaban socavando el espacio de confianza que los ciudadanos tienen en los políticos, como sujetos que deben honrar la vida pública y no, por el contrario, disculpar los desmanes de sus correligionarios. UPyD ha hecho en el Congreso propuestas y enmiendas en este sentido. Por cierto, ¿Dónde están las medidas de saneamiento de la actividad política prometidas por Montilla?

Por todo ello, urgen medidas de regeneración democrática, lo que no admite ya más demora. La democracia está en riesgo, que es de material sensible, fácilmente degradable. La elevación del nivel ético en la política dependerá no sólo de las leyes, sino también de la autoexigencia de la ciudadanía y de los políticos y, fundamentalmente, por el ejercicio responsable de los ciudadanos del derecho a voto en cada convocatoria electoral.

Entrant per la Diagonal i sortint per la tangent

La consulta de la Diagonal, pensada com una campanya d’autopromoció de l’alcalde Hereu de cara a les eleccions del proper any, ha costat la increïble quantitat de 3,17 milions d’euros; per que ens entenguem, més de 528 milions de pessetes. El resultat ha estat clamorós: es van emetre només 172.161 vots dels 1.414.783 ciutadans cridats a votar. Es a dir, cada vot emès ens ha costat 18,41.- euros. Sembla que la manca d’idees es suficient excusa per dilapidar sense escrúpols el pressupost municipal.

El diner emprat per fer la fracassada consulta, per la major glòria del nefast alcalde, hauria permès oferir 7.547 subsidis a famílies d’aturats barcelonins, quan la xifra de l’atur a Espanya supera ja el 20% de la població activa, amb el rècord de 4,6 milions d’aturats, la xifra més alta des de 1997 i amb un número de llars amb tots els seus membres en atur superior a 1,3 milions.

La resposta a tot aquest despropòsit, planificat i executat durant aquesta feroç crisi, ha estat una sortida per la tangent, defugint els veritables responsables. Ha consistit en centrar la responsabilitat únicament en el cessament del tinent d’alcalde Carles Martí, que no va tenir cap intervenció en tot el procés. Però una exigència seria i proporcionada de responsabilitat política hauria estat la dimissió de l’alcalde, del regidor d’Urbanisme i del regidor d’Acció Social per la seva coautoria per emparar una despesa inútil, insolidària i realitzada de forma descarada per “vestir” políticament un mandat municipal perdut, destinat a l’oblit. Tot sembla indicar que no es va treure cap lliçó del fiasco del Fòrum de les Cultures.

Les propostes llançades des de l’alcaldia per suplir la falta de carisma, missatge i idees d’un alcalde erràtic al final de seu mandat semblen ja el guió d’una delirant comèdia dels germans Marx. De la fracassada consulta ciutadana a la candidatura de les Olimpíades d’hivern el 2022 per a Barcelona, ciutat mediterrània, sense muntanyes alpines, sense neu, ni tradició d’esquí. Segurament no pot haver una idea més estúpida , llevat que vagi directament orquestrada d’una campanya institucional i mediàtica, que aleshores es pot convertir en una idea genial. En aquesta ocasió, l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha empleat 400.000 euros per crear l’Oficina Tècnica Barcelona Pirineu 2022 i impulsar el nival projecte. Això si, amb viatge inclòs a Vancouver per ell i la seva comitiva d’assessors.

En aquest punt, és imprescindible vincular les actuacions polítiques amb la responsabilitat, inclús per ineptitud. Al igual que a una empresa privada –llevat que sigui de l’àmbit financer, segons sembla- si un alt directiu comet una actuació greument perjudicial se li obre un expedient disciplinari també s’ha d’exigir, d’una vegada per totes, responsabilitats legals als polítics pròdigs i que les seves actuacions siguin revisades pel Tribunal de Comptes. No és admissible que es pugui dilapidar el diner públic sense que passi res, fora de la pura i estricta crítica política. Doncs, pel contrari, sembla que els responsables últims de tots aquests daltabaixos siguem els ciutadans per haver escollit malament, a uns polítics incapaços, cínics i insolidaris.

En fi, a Barcelona, després de Clos i Hereu, ja només quedaran vuit plagues més per abastar les d’Egipte. Paciència, que tot arriba.

PS: Nota cinematogràfica. Si algú no compren que ha passat a Barcelona amb els dos últims alcaldes, els hi suggereixo que vegin la pel·lícula de Peter Sellers “Benvingut Mr. Chance”. Allà trobarà la clau.

Entrando por la Diagonal y saliendo por la tangente

La consulta de la Diagonal, pensada como una campaña de autopromoción del alcalde Hereu de cara a las elecciones del año próximo, ha costado la increíble cantidad de 3,17 millones de euros; para que nos entendamos, más de 528 millones de pesetas. El resultado ha sido clamoroso: se emitieron sólo 172.161 votos de los 1.414.783 ciudadanos llamados a votar. Es decir, cada voto emitido nos ha costado 18,41.- euros. Al parecer, la falta de ideas es suficiente excusa para dilapidar sin escrúpulos el presupuesto municipal.

El dinero empleado para hacer la fracasada consulta, para mayor gloria del nefasto alcalde, hubiera permitido ofrecer 7.547 subsidios a familias de desempleados barceloneses, cuando la cifra del paro en España supera ya el 20% de la población activa, con el récord de 4,6 millones de desempleados, la cifra más alta desde 1997 y un número de hogares con todos sus miembros en paro superior a 1,3 millones.

La respuesta a todo este despropósito, planificado y ejecutado durante esta feroz crisis, ha sido una salida por la tangente, rehuyendo los verdaderos responsable. Ha consistido en centrar la responsabilidad únicamente en el cese del teniente de alcalde Carles Martí, que no tuvo ninguna intervención en todo el proceso. Pero una exigencia seria y proporcionada de responsabilidad política hubiera sido la dimisión del alcalde, el concejal de Urbanismo y el concejal de Acción Social por su coautoría de amparar un gasto inútil, insolidario y realizado de forma descarada para “vestir” políticamente un mandato municipal perdido, destinado al olvido. Todo parece indicar que no supo sacar ninguna lección del fiasco del Forum de las Culturas.

Las propuestas lanzadas desde la alcaldía para suplir la falta de carisma, mensaje e ideas de un alcalde errático al final de su mandato parecen ya el guión de una delirante comedia de los hermanos Marx. De la fracasada consulta ciudadana a la candidatura de las Olimpiadas de invierno del 2022 para Barcelona, ciudad mediterránea, sin montañas alpinas, ni nieve, ni tradición de esquí. Seguramente no puede haber una idea más estúpida, salvo que vaya debidamente orquestada de una campaña institucional y mediática, que entonces puede llegar a convertirse en una idea genial. En esta ocasión, el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha empleado 400.000 euros para crear la Oficina Técnica Barcelona Pirineo 2022 e impulsar el níveo proyecto. Esto si, con viaje incluido a Vancouver para él y un séquito de asesores.

En este punto, es imprescindible vincular las actuaciones políticas con la responsabilidad, incluso por ineptitud. Al igual que en la empresa privada –salvo que sea del ámbito financiero, según parece- si un alto directivo comete una actuación gravemente perjudicial se le abre un expediente disciplinario también debe exigirse, de una vez por todas, responsabilidades legales a los políticos pródigos y que sus actuaciones sean revisadas por el Tribunal de Cuentas. No es admisible que se pueda dilapidar el dinero público sin que pase nada, salvo la pura y estricta crítica política. Pues, de lo contrario, parece que los responsables últimos de todos estos desaguisados seamos los ciudadanos por haber elegido mal, a unos políticos incapaces, cínicos e insolidarios.

En fin, a Barcelona, después de Clos y Hereu, ya sólo le quedarán ocho plagas más para alcanzar las de Egipto. Paciencia, que todo llega.

PS: Nota cinematográfica: Si alguien no entiende que ha ocurrido en Barcelona con los dos últimos alcaldes, les sugiero que vean la película de Peter Sellers “Bienvenido Mr. Chance”. Allí encontrará la clave.

La rotulación, la lengua y la dictadura

Josep Vicenç o J.V. Foix fue un excelente poeta catalán, conocido también por haber regentado una de las pastelerías de más renombre de la ciudad de Barcelona, la célebre Foix de Sarrià.

Durante toda su vida, se mantuvo fiel al doble oficio de escritor y pastelero, evitando su profesionalización en la escritura para tener su independencia y pureza de escritor, que también reivindicó su contemporáneo Eliot. Su imaginación de poeta también la volcó en su pastelería, bautizando con nombres ingeniosos a los nuevos postres que se elaboraban.

El advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera supuso la prohibición del uso público del catalán y, por tanto, de la rotulación de los establecimientos comerciales y de los carteles. Esta prohibición de la lengua catalana agudizó el ingenio del poeta quien la eludió buscando palabras que tuvieran igual enunciado en catalán que en castellano, utilizando mayúsculas para evitar los acentos. De tal modo, que su pastelería se rotulaba en catalán del modo siguiente: BOMBONERIA SELECTA, PASTA SECA SUPERIOR, POSTRES DEL PAIS. Evidentemente, indistinguible de la rotulación castellana. La inteligencia y la sutileza habían ganado una vez más la partida a la dictadura.

Y, así, con la llegada de la dictadura de Franco no se vio obligado a cambiar la rotulación, que cumplía con el designio monolingüe de la oficialidad. Ya en democracia, J.V. Foix contaba con orgullo que siempre había visto rotulado su establecimiento en catalán y que, en las dos dictaduras, había burlado la persecución del uso público de su lengua.

Efectivamente, éste fue el trato de las dictaduras a la lengua: la prohibición y su persecución. Por que es la libertad del ciudadano, la libertad verdadera que nace de la decisión íntima y espontánea, a utilizar cualquier lengua lo que define el carácter democrático o no de una sociedad.

Pero, ¿se imaginan ustedes que se llegase a prohibir el uso de una lengua en un Estado constitucionalmente democrático? O incluso, ¿que se llegara a perseguir con multas el uso de una lengua bajo cualquier pretexto? Y si esto pasara, ¿deberíamos equiparar dicha actuación de las autoridades con un comportamiento propio de una dictadura, como pasó antaño?

En nuestra sociedad, debería haber una reflexión profunda sobre la libertad, la democracia y el uso de las lenguas, donde los comportamientos y no la enunciación de principios son lo que hacen una sociedad real y profundamente democrática.

Y sólo la libertad de cada uno de nosotros en el uso de la lengua hará que podamos definir a nuestra sociedad como una democracia real y no meramente formal.

La retolació, la llengua i la dictadura

Josep Vicenç o J.V. Foix va ser un excel·lent poeta català, conegut també per haver regentat una de les pastisseries de més renom de la ciutat de Barcelona, la cèlebre Foix de Sarrià.

Durant la seva vida, es va mantenir fidel al doble ofici d’escriptor i pastisser, evitant la professionalització en l’escriptura per tenir la seva independència i puresa d’escriptor, que també va reivindicar el seu contemporani Eliot. La seva imaginació de poeta també la va bolcar a la pastisseria, batejant amb noms enginyosos les noves postres que elaboraven.

L’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera va suposar la prohibició de l’ús públic del català i, per tant, de la retolació dels establiments comercials i dels cartells. Aquesta prohibició de la llengua catalana aguditzar l’enginy del poeta que la va eludir buscant paraules que tinguessin el mateix enunciat en català que en castellà, usant majúscules per evitar els accents. De tal forma que la seva es retolava en català del mode següent: BOMBONERIA SELECTA, PASTA SECA SUPERIOR, POSTRES DEL PAIS. Evidentment, indistingible de la retolació castellana. La intel·ligència i la subtilesa havien guanyat una vegada més la partida a la dictadura.

I, així, amb l’arribada de la dictadura de Franco no es va veure obligat a canviar la retolació, que complia amb el designi monolingüe de l’oficialitat. Ja en democràcia, J.V. Foix explicava amb orgull que sempre havia vist retolat el seu establiment en català i que, en les dos dictadures, havia burlat la persecució de l’ús públic de la seva llengua.

Efectivament, aquest va ser el tracte de les dictadures a la llengua: la prohibició i la seva persecució. Per que és la llibertat del ciutadà, la llibertat verdadera que neix de la decisió íntima i espontània, a utilitzar qualsevol llengua el que defineixi el caràcter democràtic o no d’una societat.

Però ¿S’imaginen vostès que s’arribés a prohibir l’ús d’una llengua en un Estat constitucionalment democràtic? O inclusiu ¿Que s’arribés a perseguir amb multes l’ús d’una llengua sota qualsevol pretext? I si això passés ¿Tindríem que equipar aquesta actuació de les autoritats amb un comportament propi d’una dictadura, com va passar?.

A la nostra societat, tindria que haver una reflexió profunda sobre la llibertat, la democràcia i l’ús de les llengües, on els comportaments i no l’enunciació de principis són el que fan una societat real i profundament democràtica.

I només la llibertat de cada un de nosaltres en l’ús de la llengua farà que podem definir a la nostra societat com una democràcia real i no merament formal.

El somni d'Ícar, amb els nostres impostos

La darrera aventura de la Generalitat ha estat tenir una companyia catalana de bandera, Spanair.

La Generalitat ha comprat Spanair, mitjançant una societat semipública anomenada “Iniciatives Empresarials Aeronàutiques”, que l’any 2009 ja va tenir pèrdues per 100 milions d’euros i hi ha la previsió de pèrdues de 30 milions d’euros aquest any. Tanmateix, la Generalitat li ha fet un préstec de 40 milions i les caixes catalanes -una altra vegada les caixes al servei del poder polític- han sindicat un préstec a favor de la companyia.

L’entrada de capital públic a Spanair és una actuació en contra de lògica del mercat, que es realitza quan tots els Estats ja han privatitzat les seves companyies aèries. I que això es faci en un moment de greu crisi econòmica, posa de manifest la frivolitat i manca de criteri econòmic dels responsables de la Generalitat, que no dubten en entrar en el mercat aeronàutic amb una petita companyia aèria en un sector que està en plena fase de fusions i reestructuracions, únicament amb l’objectiu de tenir una companyia de bandera, encara que sigui d’estar per casa.

El mercat aeronàutic ja disposa d’oferta suficient que autoregula oferta i demanda. La presència pública de la Generalitat serà incapaç de dinamitzar l’economia catalana, excusa per fer aquesta despesa multimilionària.

Esperem que la crisi no acabi fonent les ales d’aquesta companyia, com el somni d’Ícar, i que novament acabem posant més diners públics per refinançar els deutes d’aquesta companyia o per pagar indemnitzacions milionàries de les clàusules de blindatge dels directius-amics, sense cap exigència de responsabilitat ni legal ni política.

Empreses públiques fòra del control institucional del Síndic de comptes i del Parlament; en definitiva de la ciutadania, que amb els seus impostos sostenim aquest “somni” de megalomania del govern Montilla.

UPyD ja ha posat xifres del malbaratament de recursos destinats únicament a suportar un estat autonòmic hipertrofiat, redundant i ineficaç on es distreuen recursos per atendre despeses de sosteniment del immens muntatge institucional autonòmic.

I a Catalunya, això s’ha vist incrementat amb la voluntat de crear un sistema institucional paraestatal amb la creació de organismes, entitats i empreses publiques absolutament innecessàris.

Quin luxe!

El sueño de Ícaro, con nuestros impuestos

La última aventura de la Generalidad ha sido tener una compañía de bandera catalana, Spanair.

La Generalitat ha comprado Spanair, mediante una sociedad semipública llamada “Iniciatives Empresarials Aeronàutiques”, que durante el año 2009 tuvo pérdidas de 100 millones de euros y hay la previsión de pérdidas para este año de 30 millones de euros. La Generalidad, también, le ha hecho un préstamo de 40 millones y las cajas catalanas –otra vez, las cajas al servicio del poder político- han sindicado un préstamo a favor de la compañía.

La entrada de capital público en Spanair es una actuación en contra de la lógica del mercado, que se realiza cuando los todos los Estados han privatizado sus compañías aéreas. Y que esto se haga en un momento de grave crisis económica, pone de manifiesto la frivolidad y la falta de criterio económico de los responsables de la Generalidad, que no dudan a entrar en el mercado aeronáutico con una pequeña compañía aérea en un sector en plena fase de fusiones y reestructuraciones, únicamente con el objetivo de tener una compañía de bandera, aunque sea de estar por casa.

El mercado aeronáutico ya dispone de oferta suficiente y que autorregula oferta y demanda, donde la presencia de la Generalidad será incapaz de dinamizar la economía catalana, excusa para hacer este gasto multimillonario.

Esperemos que la crisis no acabe fundiendo las alas de esta compañía, como en el sueño de Ícaro, y que nuevamente acabemos poniendo más dinero público para refinanciar las deudas de esta compañía o para pagar las cláusulas de blindaje de los directivos-amigos con las indemnizaciones millonarias, sin ninguna exigencia de responsabilidad legal ni política.

Empresas públicas fuera del control institucional del Síndico de Cuentas y del Parlamento, en definitiva de la ciudadanía, que con nuestros impuestos sostenemos este “sueño” de megalomanía del gobierno Montilla.

UPyD ya ha puesto cifras del despilfarro de recursos destinados únicamente a soportar un estado autonómico hipertrofiado, redundante e ineficaz donde se distraen recursos para atender sólo gastos de sostenimiento del inmenso montaje institucional autonómico.

En Cataluña, esto se ha visto incrementado con la voluntad de crear un sistema institucional paraestatal con la creación de organismos, entidades y empresas públicas absolutamente innecesarios.

Que lujo!