·
· Publicado en el mundo
19/12/2013
· OTRAS VOCES
NACIONALISMO
EL INDEPENDENTISMO
catalán, otrora llamado nacionalismo, ha ido progresando adecuadamente en su
escalada de calentamiento mediático y social hasta anunciar, finalmente, la
fecha y pregunta de un referéndum de secesión de Cataluña. Paradójicamente, los
partidos que lo proponen (CiU, ERC, ICV y CUP) no tienen en el Parlament de
Cataluña ni siquiera la mayoría necesaria para reformar el Estatuto de
Cataluña. Inmediatamente la máquina de propaganda se ha puesto en marcha para
vincular ese referéndum de secesión a la idea de democracia, utilizando
insistentemente la frase «votar es democracia» con la que nos van a acompañar
los próximos meses.
Para el
independentismo la utilización de la propaganda constante en los medios
públicos y subvencionados es más o tan importante como el propio fondo del
asunto y requisito indispensable para que se pueda imponer y triunfar
socialmente. La apelación a frases simples y rotundas pretende cortocircuitar
cualquier posibilidad de pensamiento en contra, pues implica ejercer en el foro
público el pensamiento crítico anulado en la sociedad catalana.
Asimilar democracia
y votación es la coartada necesaria para que el pensamiento único nacionalista
acabe de laminar cualquier atisbo de pluralismo y democracia en Cataluña,
ignorando que en la UE no hay democracia fuera del Estado de Derecho. Y quien
usa el nombre de la democracia al margen del Estado de Derecho, pretende lo que
no debe. Un demócrata cuestiona no sólo el qué se vota sino, sobre todo, el
cómo, lo que determina el carácter democrático de una votación. Y aquí es donde
el independentismo tiene claro que no hay debate posible. En Cataluña, quien
pone las reglas de juego son los independentistas, frente a lo que sólo dejan
como respuesta un «lo toma» o un «aténgase a las consecuencias».
Las condiciones en
que el independentismo plantea un posible referéndum en Cataluña asquearía a
cualquier demócrata y se resume en el sometimiento de la ciudadanía a un
ambiente de presión social constante y en todos los ámbitos, la falta de
neutralidad política de los medios de información públicos y privados
subvencionados y el acoso y la estigmatización social a cualquier muestra de
discrepancia al modelo normalizado de catalán, de buen catalán. Lo que ha
venido a llamar la teoría de la «olla a presión», de forma que sólo con el
sometimiento a condiciones de alta presión y temperatura políticas y sociales
un cuerpo social estable puede estallar en una reacción exógena en el sentido
interesado, independentista en este caso. Situación de presión que no puede
mantenerse de forma permanente, de ahí su expresión «tenim pressa» (tenemos
prisa).
El independentista
catalán apela, con cierta reiteración y con trazos gruesos, a los referendos de
Escocia y Quebec, cuando la forma del proceso catalán no soportaría ni la más
mínima comparación con esas experiencias políticas. Ninguno de los dos procesos
citados se planteó la pregunta y la fecha antes de que hubiese, lógicamente, la
correspondiente autorización de los Estados canadiense o británico. Los
nacionalistas tampoco han planteado nunca un quórum mínimo de participación y
un porcentaje mínimo de votos favorables que garantizase una mayoría social
inequívoca y un respaldo social suficiente. Ni tampoco quieren plantearse qué
ocurriría con el estatus jurídico y político de la parte de Cataluña donde no
se alcanzase esos mínimos, como así estableció la sentencia de la Corte Suprema
de Canadá. Por supuesto, aquí es donde nuevamente el nacionalismo conoce sus
debilidades y evita cualquier planteamiento.
El independentismo
ha actuado en contra las reglas de fair play democrático, que exigiría
cualquier demócrata. Tampoco ha respetado las mínimas condiciones de juego
limpio establecidas por el Gobierno británico al escocés, como son la
prohibición de actuar bajo la presunción de un posible resultado y la de
utilizar la autonomía para preparar el acceso a la transición de la
independencia. El paso dado por Artur Mas, anunciando la celebración de un
referéndum ilegal, supone la ruptura definitiva de la cohesión social en
Cataluña como forma de paz social, basada en la tolerancia y el respeto al
pluralismo; cuando se antepone la ideología de unos a los consensos ciudadanos
basados en la Constitución.
La cohesión social
fue un argumento estratégico para el nacionalismo durante los últimos 25 años
cuando se trataba de imponer el sistema de inmersión lingüística a toda la
población; pero, ahora, está visto que, para ellos, la cohesión social ha
perdido todo el sentido cuando es el momento de imponer de una vez por todas
(sí o sí) sus tesis uniformizadoras a toda la sociedad. Cohesión social, para
los independentistas, es uniformización social. Socialmente, Mas y sus
valedores han dado por amortizada la parte de la ciudadanía no nacionalista,
que les estorba para rematar el experimento de ingeniería social.
Se ha llevado el
debate al terreno de lo sentimental con argumentos primarios, infantiles y, con
demasiada frecuencia, falsos y manipulados. Se huye, por parte de los
independentistas, de un debate político de fondo, sabedores que el mismo les es
perjudicial. El debate demagógico y cainita es el elegido por ellos. A su vez,
el Gobierno de Mariano Rajoy ha adoptado la misma estrategia que tomó con el
desastre ecológico del Prestige: alejar el problema de la costa y esperar que
el tiempo arregle lo que se ven incapaces de resolver. A todo esto, una parte
importante de la sociedad catalana se siente cada vez más abandonada por el
Gobierno. Ya que, al igual que en la mecánica de los fluidos, el espacio
político que no es ocupado por las instituciones del Estado en Cataluña
automáticamente es ocupado por el nacionalismo, espacio que difícilmente podrá
recuperarse para la vida en tolerancia y pluralidad.
Es, pues, el momento
de hacer la tarea que le correspondería al Gobierno, de exponer con rotundidad
cuáles serían los costes económicos, políticos, sociales y afectivos de un
proceso de secesión. Llevar el debate al terreno de la razón y de los análisis
objetivos. Debemos aportar luz a este proceso de sinrazón y de destrucción de
una labor social construida con el esfuerzo de todos los españoles al amparo de
la Constitución.
Es, pues, el momento
de la defensa de España, concibiendo España, no sólo como referente histórico y
sentimental, sino fundamentalmente como el sistema de garantías de los derechos
y libertades de los ciudadanos que nos dotamos los españoles con la
Constitución de 1978. En defensa de nuestros derechos y libertades públicas, en
defensa de España.
Ramón de Veciana
Batlle es miembro del Consejo de Dirección de UPyD y portavoz de UPyD Cataluña.
