Por quién doblan las campanas constitucionales

Después de casi cuatro años de espera y numerosas vicisitudes procesales, se ha dictado el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El permanente torpedeo con numerosas fintas procesales del Gobierno de la Generalitat no ha impedido que finalmente se dictase la sentencia por este Tribunal, y no otro.

El interés que ha causado el fallo en Cataluña ha sido inferior al discreto entusiasmo con que los catalanes ratificaron el estatuto en referéndum (49,4% del censo electoral del que el 73,9% ha votado a favor). El ruido político y de los medios públicos y escritos subvencionados ha caído en el mar de indiferencia de la ciudadanía. Los problemas de los catalanes no son el Estatuto, ni la sentencia del Constitucional, ni las llamadas a la rebelión por el funesto Presidente de la Generalidad; sino que lo son el paro (20,05 % de la población activa), la pérdida de actividad económica, la falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas y, si me apuran, la corrupción generalizada en las instituciones catalanas (Ayuntamientos, Generalitat, …), a las que le ha venido como agua de mayo que el Tribunal Constitucional les haya dado un capotazo para distraer la atención de lo que se va revelando en el caso Millet, que implica gravemente a cargos de CiU y del PSC, poniéndose en evidencia la colusión de intereses convergentes y socialistas en las mordidas y comisiones en su abordaje de las Administraciones.

No obstante, durante estos cuatro años de espera del fallo, se nos ha ofrecido por las instituciones catalanas un triste espectáculo que ha puesto en evidencia la crisis institucional en la que se halla sumida España. Resulta sintomático que un Presidente de la Generalidad con inusitada insistencia dedique parte de su actividad política a desprestigiar a un órgano del Estado, el Tribunal Constitucional, e incluso a insinuar de haber actuado éste de forma prevaricadora, así como al resto de los líderes de los partidos políticos hayan actuado en igual cruzada deletérea contra el Estado y sus principales instituciones. Y como insólito resulta que Montilla proponga públicamente un fraude constitucional al presidente del Gobierno para burlar la sentencia del Tribunal.

Tan importante resulta el fallo, ahora conocido, como los argumentos y la interpretación que de los demás artículos del Estatuto realice el Tribunal Constitucional en su sentencia. Por lo tanto, la prudencia obliga a tener que esperar a la lectura de la sentencia completa y su estudio. Por el contrario, no parece que los argumentos y razonamientos jurídicos de la sentencia interesen a los nacionalistas que no duda en convocar una manifestación contra una sentencia cuyo contenido desconocen, donde es claro que las razones no interesan, lo que es la antítesis de un Estado de Derecho que es el gobierno supremo de la Ley.

Sin embargo, el fallo sí que resulta explícito en cuanto a la mención que carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña, lo cual significa dejar un concepto inerte en el texto estatuario, vacío de contenido. Una vestidura sin contenido, lo cual sigue el camino iniciado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 12 de diciembre de 2007, que es mantener inútilmente en las leyes declaraciones estatutarias jurídicamente ineficaces, sin acordar su nulidad. Lo cual raya lo metafísico, el ser y no ser en unidad de acto.

Finalmente han tañido las campanas del Tribunal Constitucional, pero no sabemos por quién doblan las campanas.

Ramon de Veciana Batlle

Consejo de Dirección UPyD

La justicia en almoneda

El nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quedó el pasado día 21 nuevamente frustrado por no haberse alcanzado el quórum necesario para su nombramiento, después de la negociación entre los llamados grupos conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Huelga decir que este nombramiento no se rige por llamados criterios profesionales de mérito, capacidad y escalafón judicial, sino que es un nombramiento estrictamente de orden político, basado en criterios de afinidad ideológica o política del nombrado.

La terna de candidatos para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está integrada, por su actual presidenta, María Eugenia Alegret, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, y por los magistrados Joaquín Bayo y Miguel Ángel Gimeno, éste último miembro y portavoz de la asociación profesional Jueces para la Democracia.

Desgraciadamente, al ciudadano de la calle, no le afecta directamente, ya que difícilmente ninguno se verá personalmente afectado por dicha decisión. Pero no puede decirse lo mismo respecto de los miembros aforados, especialmente, diputados y miembros del gobierno de la Generalitat, quienes pueden ser juzgados en asuntos penales por una Sala presidida por un Presidente de Tribunal de un signo político u otro. De ahí la lucha política entre los distintos grupos del CGPJ, calcados a imagen y semejanza de los grupos parlamentarios que los propusieron y nombraron, para designar al Presidente afín a sus postulados en simetría exacta a lo que realizan los grupos parlamentarios del PSOE y el PP en el Congreso de los Diputados

Es más, hasta donde se sabe, las negociaciones entre los dos grupos mayoritarios del CGPJ se realiza como un puro intercambio de “cromos” -“tu me das la presidencia de Cataluña y yo te doy la presidencia de Valencia o el País Vasco”, donde la negociación de los nombramientos se hace como si fuera realmente una venta en almoneda.

La elección para la presidencia del TSJ de Cataluña se encuentra polarizada entre la APM y JD; esto es, entre María Victoria Alegret, que viene avalada por su gestión como actual presidenta, y Miguel Ángel Gimeno, el aspirante. Joaquín Bayo, magistrado independiente quien fue Juez Decano en Barcelona y con un largo currículum profesional, lamentablemente sólo está presente como invitado de piedra para completar la exigencia legal de una terna elegible.

El ejemplo de la importancia del presidente de un Tribunal en las decisiones para los aforados, lo tuvimos en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el caso Gürtel donde la causa al presidente valenciano Camps fue archivada gracias a la intervención del Presidente del Tribunal, aupado en su día por los votos del PP. En Cataluña la preocupación de los políticos catalanes por este nombramiento es máxima, habida cuenta de las últimas revelaciones del caso Palau y del caso Pretoria que afectan a miembros destacados del PSC y CiU.

Con estos mimbres, se ha construido el cesto de la Justicia en España. Ocurriendo esto en la cúpula de la Justicia, nadie duda que la politización de sus órganos rectores contamina, como su fuera el torrente sanguíneo, toda la Administración de Justicia, desde el Tribunal Supremo hasta el juzgado de paz de cualquier localidad, sin que se salve ninguno de ellos.

Hoy, aparece publicado (EL PAIS 27.06.10) que el 60% de los españoles consideran que la justicia funciona mal o muy mal, pero lo que es peor es que el 51% de los ciudadanos dudan sobre la independencia e imparcialidad de los Tribunales, hasta el punto que un 48% creen con sobornos puede uno librarse hoy en España de ser procesado.

Estos datos ponen en cuestión a todo el sistema judicial en España, como poder del Estado, lo que debería obligar a reflexionar al CGPJ sobre la necesidad de acabar con la triste imagen de politización que ofrece y de acabar con este camino de nombramientos por afinidades políticas y que, de una vez por todas, los nombramientos se hicieran por estrictos principios de mérito, capacidad y escalafón.

De ahí la urgencia en la reforma del CGPJ. Desde UPyD, proponemos que doce de los veinte jueces y magistrados sean elegidos de forma directa, en listas abiertas, voto secreto y personal; cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales; tres por los fiscales y dos por los abogados. Los ocho restantes se elegirían cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado de igual forma que en la actualidad, pero aumentando a veinte años el requisito de experiencia, sin ninguno de ellos podrá ser ex miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las CCAA, ni haber estado afiliado a un partido político en la legislatura anterior.

Pero, en este momento, no todo depende de los cambios legislativos sino que depende fundamentalmente de la actitud deontológica y puramente democrática, en el sentido más profundo del término, de los miembros del CGPJ para que el nombramiento de los cargos judiciales se haga de una vez por todas en base a criterios objetivos y profesionales y no por motivaciones espurias, esto es, de afinidad política o ideológica.

Nos jugamos en ello la credibilidad de un poder del Estado, lo cual no es cuestión menor.

Banda sonora para una crisis

La falta de escrúpulos de Zapatero nos ha llevado a una de las crisis económicas más graves que ha sufrido España. No se trata de una crisis meramente coyuntural, como él no se cansa de repetir, sino que ha barrido con las bases económicas del país: una crisis financiera, una crisis fiscal, una crisis bancaria, una crisis presupuestaria; en definitiva, una crisis de modelo económico.

Su negacionismo de la crisis ha sido una nueva demostración del cinismo que ha venido aplicando durante los últimos años en su política económica y fiscal. Cualquier cosa le ha valido mientras sirviera para ganar elecciones, aunque haya dejado el país hecho un solar.

La falta de adopción de medidas por parte de Zapatero, esperando que escampase la crisis gracias al empuje del resto de las economías europeas, ha hecho que los organismos y mandatarios internacionales hayan tomando consciencia de la gravedad de la situación en España.

Pero la situación ha llegado a un punto de no retorno de modo que el gobierno Zapatero ha tenido que ser intervenido por el FMI, por el ECOFIN, por Ángela Merkel y por Barack Obama. El Real Decreto de medidas para la reducción del déficit ha sido la muestra más evidente; no ha sido un parto natural – resultado lógico del estudio y reflexión del equipo económico del gobierno Zapatero-, sino que ha sido un parto provocado “in extremis” mediante fórceps, teniendo como comadronas a Ángela Mérkel y Barack Obama, el ECOFIN y el FMI, quienes ante la inactividad han acabado imponiendo el contenido y el momento.

Quedó pendiente la reforma del mercado de trabajo que también ha entrado en el mismo proceso de hacer ver que se negocia, como ya se hizo antes en las reuniones del Palacio de Zurbano, para tener que acabar imponiendo una normativa que le viene dada desde la superioridad internacional. Buena prueba de ello es que ni siquiera se sabe a ciencia cierta qué propone el ministro Corbacho, ministro silente durante todo su mandato, si es que realmente propone algo.

Al igual que para las Cajas de Ahorro se habla de fusiones frías, debemos hablar en el caso de España de una intervención fría, que se ha realizado por los actores económicos internacionales sin que llegue a visualizarse la imposición de las medidas, para no comprometer el poco prestigio internacional que le queda a España; a diferencia de la Grecia que ha sido claramente una intervención caliente, con la actuación traumática de la Unión Europea y del FMI, con luces y taquígrafos.

Por eso, durante estos días, ha estado sonando de fondo la banda sonora de este disparatado proceso, teniendo como intérprete al propio Presidente del Gobierno:

El FMI, el ECOFIN, Merkel y Obama

me quieren gobernar

Y yo le sigo, les sigo, la corriente

porque no quiero que diga la gente

que el FMI, el ECOFIN, Merkel y Obama

Me quieren gobernar!

¿Porqué?
Me quieren gobernar

La desafección política o los políticos desafectos a la democracia

La desafección política es la expresión más evidente del progresivo alejamiento de la ciudadanía de la política y de los partidos políticos; en general, es la manifestación del desprestigio de todo lo público.

No es un fenómeno nuevo en las democracias occidentales, pero en España se ha hecho más profunda, elección tras elección, donde se ha pasado de una alta abstención a una abstención militante, como respuesta política de mayor calado que el simple voto en blanco, que pone en cuestión el propio sistema institucional (baste recordar el referéndum del Estatuto de Cataluña o la consulta del Ayuntamiento de Barcelona sobre la remodelación de la Diagonal).

Pero un fenómeno tan complejo no es reducible a una sola causa, sino que incide sobre él todo un conjunto de factores, que van de condiciones meramente coyunturales a otras de carácter estructural.

El primer factor es atribuible a la falta de representatividad de la ciudadanía en los parlamentos, que los ciudadanos no sienten como propios ni por su composición -como consecuencia de la propia Ley electoral que prima claramente los grandes partidos frente al verdadero pluralismo político-, ni por su lenguaje arquetípico que no conecta con el sentir popular, ni por sus debates de cuestiones ajenas a las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía (Estatut, Ley de Memoria histórica etc…) que sólo interesan a la sociedad política o, más concretamente, a los políticos profesionales. Por ello, tal y como propugnamos desde UPyD, la reforma de la Ley electoral a verdaderos postulados de proporcionalidad, elaborará un sistema electoral más democrático y proporcional a la hora de transformar los votos en escaños sin favorecer a los dos grandes partidos, lo que distorsiona gravemente la voluntad manifestada en las urnas por el pueblo español y mejorara la igualdad en el valor del voto que cada español emite es una lógica demanda democrática. Esta no es una cuestión menor de ahí que desde UPyD entendamos que la reforma de la Ley electoral constituye un elemento necesario para poner fin a la desafección política.

Y cuando se quiere corregir esa distancia entre los ciudadanos y los partidos políticos mediante marketing parece no percibirse que la retórica vacía, sin un verdadero proyecto político que proponer, no convence ya ni a los más próximos. Y, por el contrario, sí sucede que, con tales prácticas, se fomenta una “democracia espectadora”, ajena al principio de la participación política de los ciudadanos. Por que sin proyecto no hay liderazgo que emerja y, menos aún, que subsista.

Otro factor es la profesionalización de la política, lo que impide el necesario trasvase de ciudadanos a la política y viceversa, como si fueran vasos comunicantes, en un constante enriquecimiento mutuo. Hay políticos que llevan en la vida política más de treinta años o que no han conocido ninguna actividad que no sea la política. Leyre Pajín o Bibiana Aído son dos vivos ejemplos de lo que no debería ser un político, quienes, sin experiencia profesional ni siquiera maduración personal, desde temprana edad han vivido de y para la política, al margen de la cruda realidad de los ciudadanos que dicen representar.

La falta de credibilidad de los políticos constituye otro factor, alimentado por los incumplimientos o retrasos de compromisos electorales o programáticos considerados importantes para la sociedad. No abundaremos aquí en las falsas promesas del gobierno en materia de políticas sociales.

Pero también, erosionan la credibilidad de los políticos la falta de coherencia en sus comportamientos personales. Sin ir más lejos, qué credibilidad puede tener el Presidente de la Generalitat, José Montilla, quien impone la inmersión lingüística a los catalanes, vulnerando su derecho a la elección lingüística, mientras que él si que puede elegir, por que su sueldo público se lo permite, llevando a sus hijos al elitista y privado Colegio Alemán, donde la enseñanza se realiza en alemán.

Finalmente, la tibieza o, incluso, la actitud de encubrimiento que, por parte de los partidos políticos, se tiene frente a los delitos cometidos por sus dirigentes o afiliados - véase como referentes los casos Pretoria o Palau en Cataluña o Gürtel en Valencia, o de Unión Mallorquina en Mallorca- acaban socavando el espacio de confianza que los ciudadanos tienen en los políticos, como sujetos que deben honrar la vida pública y no, por el contrario, disculpar los desmanes de sus correligionarios. UPyD ha hecho en el Congreso propuestas y enmiendas en este sentido. Por cierto, ¿Dónde están las medidas de saneamiento de la actividad política prometidas por Montilla?

Por todo ello, urgen medidas de regeneración democrática, lo que no admite ya más demora. La democracia está en riesgo, que es de material sensible, fácilmente degradable. La elevación del nivel ético en la política dependerá no sólo de las leyes, sino también de la autoexigencia de la ciudadanía y de los políticos y, fundamentalmente, por el ejercicio responsable de los ciudadanos del derecho a voto en cada convocatoria electoral.