El nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quedó el pasado día 21 nuevamente frustrado por no haberse alcanzado el quórum necesario para su nombramiento, después de la negociación entre los llamados grupos conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Huelga decir que este nombramiento no se rige por llamados criterios profesionales de mérito, capacidad y escalafón judicial, sino que es un nombramiento estrictamente de orden político, basado en criterios de afinidad ideológica o política del nombrado.
La terna de candidatos para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está integrada, por su actual presidenta, María Eugenia Alegret, miembro de
Desgraciadamente, al ciudadano de la calle, no le afecta directamente, ya que difícilmente ninguno se verá personalmente afectado por dicha decisión. Pero no puede decirse lo mismo respecto de los miembros aforados, especialmente, diputados y miembros del gobierno de
Es más, hasta donde se sabe, las negociaciones entre los dos grupos mayoritarios del CGPJ se realiza como un puro intercambio de “cromos” -“tu me das la presidencia de Cataluña y yo te doy la presidencia de Valencia o el País Vasco”, donde la negociación de los nombramientos se hace como si fuera realmente una venta en almoneda.
La elección para la presidencia del TSJ de Cataluña se encuentra polarizada entre
El ejemplo de la importancia del presidente de un Tribunal en las decisiones para los aforados, lo tuvimos en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el caso Gürtel donde la causa al presidente valenciano Camps fue archivada gracias a la intervención del Presidente del Tribunal, aupado en su día por los votos del PP. En Cataluña la preocupación de los políticos catalanes por este nombramiento es máxima, habida cuenta de las últimas revelaciones del caso Palau y del caso Pretoria que afectan a miembros destacados del PSC y CiU.
Con estos mimbres, se ha construido el cesto de
Hoy, aparece publicado (EL PAIS 27.06.10) que el 60% de los españoles consideran que la justicia funciona mal o muy mal, pero lo que es peor es que el 51% de los ciudadanos dudan sobre la independencia e imparcialidad de los Tribunales, hasta el punto que un 48% creen con sobornos puede uno librarse hoy en España de ser procesado.
Estos datos ponen en cuestión a todo el sistema judicial en España, como poder del Estado, lo que debería obligar a reflexionar al CGPJ sobre la necesidad de acabar con la triste imagen de politización que ofrece y de acabar con este camino de nombramientos por afinidades políticas y que, de una vez por todas, los nombramientos se hicieran por estrictos principios de mérito, capacidad y escalafón.
De ahí la urgencia en la reforma del CGPJ. Desde UPyD, proponemos que doce de los veinte jueces y magistrados sean elegidos de forma directa, en listas abiertas, voto secreto y personal; cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales; tres por los fiscales y dos por los abogados. Los ocho restantes se elegirían cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado de igual forma que en la actualidad, pero aumentando a veinte años el requisito de experiencia, sin ninguno de ellos podrá ser ex miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las CCAA, ni haber estado afiliado a un partido político en la legislatura anterior.
Pero, en este momento, no todo depende de los cambios legislativos sino que depende fundamentalmente de la actitud deontológica y puramente democrática, en el sentido más profundo del término, de los miembros del CGPJ para que el nombramiento de los cargos judiciales se haga de una vez por todas en base a criterios objetivos y profesionales y no por motivaciones espurias, esto es, de afinidad política o ideológica.
Nos jugamos en ello la credibilidad de un poder del Estado, lo cual no es cuestión menor.
