La desafección política o los políticos desafectos a la democracia

La desafección política es la expresión más evidente del progresivo alejamiento de la ciudadanía de la política y de los partidos políticos; en general, es la manifestación del desprestigio de todo lo público.

No es un fenómeno nuevo en las democracias occidentales, pero en España se ha hecho más profunda, elección tras elección, donde se ha pasado de una alta abstención a una abstención militante, como respuesta política de mayor calado que el simple voto en blanco, que pone en cuestión el propio sistema institucional (baste recordar el referéndum del Estatuto de Cataluña o la consulta del Ayuntamiento de Barcelona sobre la remodelación de la Diagonal).

Pero un fenómeno tan complejo no es reducible a una sola causa, sino que incide sobre él todo un conjunto de factores, que van de condiciones meramente coyunturales a otras de carácter estructural.

El primer factor es atribuible a la falta de representatividad de la ciudadanía en los parlamentos, que los ciudadanos no sienten como propios ni por su composición -como consecuencia de la propia Ley electoral que prima claramente los grandes partidos frente al verdadero pluralismo político-, ni por su lenguaje arquetípico que no conecta con el sentir popular, ni por sus debates de cuestiones ajenas a las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía (Estatut, Ley de Memoria histórica etc…) que sólo interesan a la sociedad política o, más concretamente, a los políticos profesionales. Por ello, tal y como propugnamos desde UPyD, la reforma de la Ley electoral a verdaderos postulados de proporcionalidad, elaborará un sistema electoral más democrático y proporcional a la hora de transformar los votos en escaños sin favorecer a los dos grandes partidos, lo que distorsiona gravemente la voluntad manifestada en las urnas por el pueblo español y mejorara la igualdad en el valor del voto que cada español emite es una lógica demanda democrática. Esta no es una cuestión menor de ahí que desde UPyD entendamos que la reforma de la Ley electoral constituye un elemento necesario para poner fin a la desafección política.

Y cuando se quiere corregir esa distancia entre los ciudadanos y los partidos políticos mediante marketing parece no percibirse que la retórica vacía, sin un verdadero proyecto político que proponer, no convence ya ni a los más próximos. Y, por el contrario, sí sucede que, con tales prácticas, se fomenta una “democracia espectadora”, ajena al principio de la participación política de los ciudadanos. Por que sin proyecto no hay liderazgo que emerja y, menos aún, que subsista.

Otro factor es la profesionalización de la política, lo que impide el necesario trasvase de ciudadanos a la política y viceversa, como si fueran vasos comunicantes, en un constante enriquecimiento mutuo. Hay políticos que llevan en la vida política más de treinta años o que no han conocido ninguna actividad que no sea la política. Leyre Pajín o Bibiana Aído son dos vivos ejemplos de lo que no debería ser un político, quienes, sin experiencia profesional ni siquiera maduración personal, desde temprana edad han vivido de y para la política, al margen de la cruda realidad de los ciudadanos que dicen representar.

La falta de credibilidad de los políticos constituye otro factor, alimentado por los incumplimientos o retrasos de compromisos electorales o programáticos considerados importantes para la sociedad. No abundaremos aquí en las falsas promesas del gobierno en materia de políticas sociales.

Pero también, erosionan la credibilidad de los políticos la falta de coherencia en sus comportamientos personales. Sin ir más lejos, qué credibilidad puede tener el Presidente de la Generalitat, José Montilla, quien impone la inmersión lingüística a los catalanes, vulnerando su derecho a la elección lingüística, mientras que él si que puede elegir, por que su sueldo público se lo permite, llevando a sus hijos al elitista y privado Colegio Alemán, donde la enseñanza se realiza en alemán.

Finalmente, la tibieza o, incluso, la actitud de encubrimiento que, por parte de los partidos políticos, se tiene frente a los delitos cometidos por sus dirigentes o afiliados - véase como referentes los casos Pretoria o Palau en Cataluña o Gürtel en Valencia, o de Unión Mallorquina en Mallorca- acaban socavando el espacio de confianza que los ciudadanos tienen en los políticos, como sujetos que deben honrar la vida pública y no, por el contrario, disculpar los desmanes de sus correligionarios. UPyD ha hecho en el Congreso propuestas y enmiendas en este sentido. Por cierto, ¿Dónde están las medidas de saneamiento de la actividad política prometidas por Montilla?

Por todo ello, urgen medidas de regeneración democrática, lo que no admite ya más demora. La democracia está en riesgo, que es de material sensible, fácilmente degradable. La elevación del nivel ético en la política dependerá no sólo de las leyes, sino también de la autoexigencia de la ciudadanía y de los políticos y, fundamentalmente, por el ejercicio responsable de los ciudadanos del derecho a voto en cada convocatoria electoral.