Después de casi cuatro años de espera y numerosas vicisitudes procesales, se ha dictado el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El permanente torpedeo con numerosas fintas procesales del Gobierno de la Generalitat no ha impedido que finalmente se dictase la sentencia por este Tribunal, y no otro.
El interés que ha causado el fallo en Cataluña ha sido inferior al discreto entusiasmo con que los catalanes ratificaron el estatuto en referéndum (49,4% del censo electoral del que el 73,9% ha votado a favor). El ruido político y de los medios públicos y escritos subvencionados ha caído en el mar de indiferencia de la ciudadanía. Los problemas de los catalanes no son el Estatuto, ni la sentencia del Constitucional, ni las llamadas a la rebelión por el funesto Presidente de la Generalidad; sino que lo son el paro (20,05 % de la población activa), la pérdida de actividad económica, la falta de crédito para las pequeñas y medianas empresas y, si me apuran, la corrupción generalizada en las instituciones catalanas (Ayuntamientos, Generalitat, …), a las que le ha venido como agua de mayo que el Tribunal Constitucional les haya dado un capotazo para distraer la atención de lo que se va revelando en el caso Millet, que implica gravemente a cargos de CiU y del PSC, poniéndose en evidencia la colusión de intereses convergentes y socialistas en las mordidas y comisiones en su abordaje de las Administraciones.
No obstante, durante estos cuatro años de espera del fallo, se nos ha ofrecido por las instituciones catalanas un triste espectáculo que ha puesto en evidencia la crisis institucional en la que se halla sumida España. Resulta sintomático que un Presidente de la Generalidad con inusitada insistencia dedique parte de su actividad política a desprestigiar a un órgano del Estado, el Tribunal Constitucional, e incluso a insinuar de haber actuado éste de forma prevaricadora, así como al resto de los líderes de los partidos políticos hayan actuado en igual cruzada deletérea contra el Estado y sus principales instituciones. Y como insólito resulta que Montilla proponga públicamente un fraude constitucional al presidente del Gobierno para burlar la sentencia del Tribunal.
Tan importante resulta el fallo, ahora conocido, como los argumentos y la interpretación que de los demás artículos del Estatuto realice el Tribunal Constitucional en su sentencia. Por lo tanto, la prudencia obliga a tener que esperar a la lectura de la sentencia completa y su estudio. Por el contrario, no parece que los argumentos y razonamientos jurídicos de la sentencia interesen a los nacionalistas que no duda en convocar una manifestación contra una sentencia cuyo contenido desconocen, donde es claro que las razones no interesan, lo que es la antítesis de un Estado de Derecho que es el gobierno supremo de la Ley.
Sin embargo, el fallo sí que resulta explícito en cuanto a la mención que carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña, lo cual significa dejar un concepto inerte en el texto estatuario, vacío de contenido. Una vestidura sin contenido, lo cual sigue el camino iniciado por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 12 de diciembre de 2007, que es mantener inútilmente en las leyes declaraciones estatutarias jurídicamente ineficaces, sin acordar su nulidad. Lo cual raya lo metafísico, el ser y no ser en unidad de acto.
Finalmente han tañido las campanas del Tribunal Constitucional, pero no sabemos por quién doblan las campanas.
Ramon de Veciana Batlle
Consejo de Dirección UPyD
