La estelada todo lo tapa

El Palau de la Música Catalana celebró su centenario el pasado día 26 de diciembre en el tradicional concierto de Sant Esteve con la participación del Orfeó Català y, como novedad, del Coro de Cámara del Palau.

El acto se hallaba presidido por Artur Mas y su esposa, Helena Rakosnik; la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el conseller de Cultura, Ferran Mascarell.

Tal como ya ocurrió el año pasado, el concierto se convirtió en acto de reivindicación independentista, cuando en el momento en que se entonó el himno del Orfeó Català, El Cant de la Senyera, una parte del público y el Coro del Orfeó Català desplegaron numerosas banderas estelades y, sorprendentemente, éste último exhibió dos “Sí” gigantes, en referencia a las preguntas de un referéndum independentista que Artur Mas había anunciado unos días antes.

El éxtasis nacionalista fue absoluto. El Palau se cubrió de estelades, con gritos de “Visca Catalunya lliure” e “In-Inde-independència”. Pero lo ocurrido en el Palau, lejos de llevar a reflexión a los sectores nacionalistas, esa “gesta patriótica” les ha llenado de entusiasmo.

Las imágenes de los nuevos “Fets del Palau de la Música” resultan impropias de una sociedad democrática. Un acto cultural de una entidad pagada con fondos públicos fue convertido, por decisión de unos, en una emboscada de reivindicación política afín al poder.

Esta permanente utilización de las esteladas como elementos icónicos con vocación de progresión geométrica que se está produciendo en Cataluña es propia de una sociedad de tintes totalitarios. Los fines son claros: aturdir más a la ciudadanía, hacer omnipresente la ideología independentista sin dejar espacios libres y no permitir que el estado de presión social y política desfallezca ni un solo momento. La democracia es incompatible con este tipo de escenificaciones y el recurso a este tipo de mecanismos de alienación colectiva y de apropiación del espacio común van en contra de la pluralidad y de la neutralidad política de las instituciones públicas de las sociedades democráticas sanas.

No obstante, el sumatorio del hecho en sí, el lugar en que se produjo y las autoridades presentes es una excelente metáfora del momento político que está viviendo Cataluña.

Sólo unos meses antes, en julio de 2013, el juez que investiga el expolio Palau de la Música cerró el caso concluyendo que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se había financiado ilegalmente a través del Palau. La constructora Ferrovial pagó, según el magistrado, un total de 5,1 millones en comisiones ilegales al partido nacionalista a cambio de la adjudicación de obras públicas durante el último Gobierno de Jordi Pujol, en el cual Artur Mas tuvo las máximas responsabilidades: primero como conseller de Política Territorial y Obras Públicas, después de Economía y Hacienda y, finalmente, como conseller en Cap. A su vez, durante ese período, Artur Mas fue el secretario general de CDC, el cargo ejecutivo más importante del partido. En él coincidía la doble condición de miembro relevante del gobierno de la Generalidad y máximo responsable de CDC. 

Ferrovial y CDC habían llegado a un “acuerdo” en 1999, que se prolongó un decenio, por el cual se camuflaban como generosas donaciones al Palau lo que, en realidad, eran pagos ilícitos a CDC a cambio disfrutar de una posición ventajosa en la adjudicación de obras. La constructora pagaba una comisión ilegal del 4% del importe de la obra en cuestión, cuyo 2,5% iba a parar a las arcas de CDC, mientras que el porcentaje restante se lo repartían Fèlix Millet y Jordi Montull, como premio a su labor de intermediarios. En total se calcula que se saquearon de Palau de la Música unos 26,5 millones de euros; para entendernos, unos 4.400 millones de pesetas.

Ese dinero llegó a CDC mediante entregas en efectivo, trabajos electorales pagados por el Palau y en forma de donaciones al partido o a la Fundación Trias Fargas, después llamada Fundación Cat-Dem para ocultar su ominoso pasado. El auto judicial concluía que CDC debía responder como partícipe a título lucrativo, por haberse beneficiado de 5,1 millones de euros de forma ilícita, es decir, 848 millones de pesetas.

Lo sorprendente es que en el mes de septiembre de 2013 el Palau de la Música, compareció como perjudicado en la causa en lugar de ejercer la acusación frente a CDC, insólitamente, se negó a acusar al partido de Artur Mas en contra del criterio del propio juez instructor y del fiscal. De esta forma, el Palau de la Música se negó a reclamar nada a CDC a pesar del desfalco multimillonario.

La estampa del concierto del pasado día 26 de diciembre así queda completa. El concierto del Palau de la Música estaba presidido por quien había sido el secretario general de CDC, partido que, según el juez y el fiscal, había expoliado la institución donde se realizaba el concierto y cuyo coro actuaba.

La paradójica Cataluña en la que vivimos hizo que, en lugar de aprovechar la presidencia del máximo responsable del partido que perjudicó gravemente la institución para reprocharle la grave conducta depredadora, el coro del Palau de la Música se unió al aquelarre independentista sacando esteladas que sirvieron, no sólo para pervertir un acto cultural público, sino para convertirlo en acto de adhesión institucional a sus tesis políticas, todo ello con la sonrisa complaciente de Artur Mas y su séquito. 

La velada musical de Sant Esteve, lejos de ser recordada por su interés cultural, será recordada como el día en que las esteladas sirvieron para escenificar la Cataluña de la “omertà”; aquella donde, en lugar de exigir responsabilidades, se encubren, se tapan, se disimulan.

Esa estampa debería despertar la conciencia de muchos catalanes para que vieran que este proceso de secesión impulsado por Artur Mas, conduce irremediablemente a una sociedad política de pésima calidad democrática, basada en el silencio cómplice con la corrupción política, donde las instituciones públicas se utilizan para finalidades partidistas y no se exigen responsabilidades, sino que encima sirven para encubrir las vergüenzas de sus responsables.

Artur Mas salió moralmente indemne del Palau de la Música. Las estelades, una vez más, le salvaron la cara.  Bella metáfora de la Cataluña del “Estado propio”, cuando el estado propio de la Cataluña que propone el independentismo es vivir y convivir con la corrupción en sus máximas instituciones sin mecanismos de control real, bajo el canto aparentemente unánime de la sociedad civil.

No hay escándalo, ni latrocinio que una buena estelada no pueda tapar.

Publicado 31/12/2014 en Dialogolibre.com

La democracia como coartada

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         19/12/2013

·       OTRAS VOCES

   NACIONALISMO

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EL INDEPENDENTISMO catalán, otrora llamado nacionalismo, ha ido progresando adecuadamente en su escalada de calentamiento mediático y social hasta anunciar, finalmente, la fecha y pregunta de un referéndum de secesión de Cataluña. Paradójicamente, los partidos que lo proponen (CiU, ERC, ICV y CUP) no tienen en el Parlament de Cataluña ni siquiera la mayoría necesaria para reformar el Estatuto de Cataluña. Inmediatamente la máquina de propaganda se ha puesto en marcha para vincular ese referéndum de secesión a la idea de democracia, utilizando insistentemente la frase «votar es democracia» con la que nos van a acompañar los próximos meses.

Para el independentismo la utilización de la propaganda constante en los medios públicos y subvencionados es más o tan importante como el propio fondo del asunto y requisito indispensable para que se pueda imponer y triunfar socialmente. La apelación a frases simples y rotundas pretende cortocircuitar cualquier posibilidad de pensamiento en contra, pues implica ejercer en el foro público el pensamiento crítico anulado en la sociedad catalana.

Asimilar democracia y votación es la coartada necesaria para que el pensamiento único nacionalista acabe de laminar cualquier atisbo de pluralismo y democracia en Cataluña, ignorando que en la UE no hay democracia fuera del Estado de Derecho. Y quien usa el nombre de la democracia al margen del Estado de Derecho, pretende lo que no debe. Un demócrata cuestiona no sólo el qué se vota sino, sobre todo, el cómo, lo que determina el carácter democrático de una votación. Y aquí es donde el independentismo tiene claro que no hay debate posible. En Cataluña, quien pone las reglas de juego son los independentistas, frente a lo que sólo dejan como respuesta un «lo toma» o un «aténgase a las consecuencias».

Las condiciones en que el independentismo plantea un posible referéndum en Cataluña asquearía a cualquier demócrata y se resume en el sometimiento de la ciudadanía a un ambiente de presión social constante y en todos los ámbitos, la falta de neutralidad política de los medios de información públicos y privados subvencionados y el acoso y la estigmatización social a cualquier muestra de discrepancia al modelo normalizado de catalán, de buen catalán. Lo que ha venido a llamar la teoría de la «olla a presión», de forma que sólo con el sometimiento a condiciones de alta presión y temperatura políticas y sociales un cuerpo social estable puede estallar en una reacción exógena en el sentido interesado, independentista en este caso. Situación de presión que no puede mantenerse de forma permanente, de ahí su expresión «tenim pressa» (tenemos prisa).

El independentista catalán apela, con cierta reiteración y con trazos gruesos, a los referendos de Escocia y Quebec, cuando la forma del proceso catalán no soportaría ni la más mínima comparación con esas experiencias políticas. Ninguno de los dos procesos citados se planteó la pregunta y la fecha antes de que hubiese, lógicamente, la correspondiente autorización de los Estados canadiense o británico. Los nacionalistas tampoco han planteado nunca un quórum mínimo de participación y un porcentaje mínimo de votos favorables que garantizase una mayoría social inequívoca y un respaldo social suficiente. Ni tampoco quieren plantearse qué ocurriría con el estatus jurídico y político de la parte de Cataluña donde no se alcanzase esos mínimos, como así estableció la sentencia de la Corte Suprema de Canadá. Por supuesto, aquí es donde nuevamente el nacionalismo conoce sus debilidades y evita cualquier planteamiento.

El independentismo ha actuado en contra las reglas de fair play democrático, que exigiría cualquier demócrata. Tampoco ha respetado las mínimas condiciones de juego limpio establecidas por el Gobierno británico al escocés, como son la prohibición de actuar bajo la presunción de un posible resultado y la de utilizar la autonomía para preparar el acceso a la transición de la independencia. El paso dado por Artur Mas, anunciando la celebración de un referéndum ilegal, supone la ruptura definitiva de la cohesión social en Cataluña como forma de paz social, basada en la tolerancia y el respeto al pluralismo; cuando se antepone la ideología de unos a los consensos ciudadanos basados en la Constitución.

La cohesión social fue un argumento estratégico para el nacionalismo durante los últimos 25 años cuando se trataba de imponer el sistema de inmersión lingüística a toda la población; pero, ahora, está visto que, para ellos, la cohesión social ha perdido todo el sentido cuando es el momento de imponer de una vez por todas (sí o sí) sus tesis uniformizadoras a toda la sociedad. Cohesión social, para los independentistas, es uniformización social. Socialmente, Mas y sus valedores han dado por amortizada la parte de la ciudadanía no nacionalista, que les estorba para rematar el experimento de ingeniería social.

Se ha llevado el debate al terreno de lo sentimental con argumentos primarios, infantiles y, con demasiada frecuencia, falsos y manipulados. Se huye, por parte de los independentistas, de un debate político de fondo, sabedores que el mismo les es perjudicial. El debate demagógico y cainita es el elegido por ellos. A su vez, el Gobierno de Mariano Rajoy ha adoptado la misma estrategia que tomó con el desastre ecológico del Prestige: alejar el problema de la costa y esperar que el tiempo arregle lo que se ven incapaces de resolver. A todo esto, una parte importante de la sociedad catalana se siente cada vez más abandonada por el Gobierno. Ya que, al igual que en la mecánica de los fluidos, el espacio político que no es ocupado por las instituciones del Estado en Cataluña automáticamente es ocupado por el nacionalismo, espacio que difícilmente podrá recuperarse para la vida en tolerancia y pluralidad.

Es, pues, el momento de hacer la tarea que le correspondería al Gobierno, de exponer con rotundidad cuáles serían los costes económicos, políticos, sociales y afectivos de un proceso de secesión. Llevar el debate al terreno de la razón y de los análisis objetivos. Debemos aportar luz a este proceso de sinrazón y de destrucción de una labor social construida con el esfuerzo de todos los españoles al amparo de la Constitución.

Es, pues, el momento de la defensa de España, concibiendo España, no sólo como referente histórico y sentimental, sino fundamentalmente como el sistema de garantías de los derechos y libertades de los ciudadanos que nos dotamos los españoles con la Constitución de 1978. En defensa de nuestros derechos y libertades públicas, en defensa de España.

Ramón de Veciana Batlle es miembro del Consejo de Dirección de UPyD y portavoz de UPyD Cataluña.

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Celebrar una derrota con otra derrota. Crónica de la Vía catalana

La cadena humana independentista, llamada Vía catalana, realizada en la Diada de ayer será cebrada por sus organizadores como un éxito por su carácter multitudinario.

Difícilmente podía ser un fracaso de asistencia cuando  desde hace meses la maquinaria propagandística desplegada contaba con la participación del gobierno de la Generalitat, con todos los medios de comunicación públicos y los subvencionados y concertados, en manos del independentismo.

Sin embargo, más allá de una lectura partidaria sobre la asistencia, la derrota del 11 de septiembre 1714 de las tropas austriacistas en Barcelona, paradójicamente, se celebró ayer con otra derrota, la derrota de la convivencia y  la política.

Ayer fue derrotada la política entendida como herramienta de la que los ciudadanos nos hemos dotado para la participación democrática en la gestión de los asuntos públicos.

Ayer la política fue derrotada y sustituida por el populismo. Debemos recordar que los partidos que no dieron apoyo a la cadena tienen un respaldo popular superior a los tres partidos (CDC, ERC i CUP) que apoyaron y participaron en la misma. Y, por tanto, la pretensión de querer dejar en manos del populismo las decisiones que democrática y constitucionalmente corresponden a la soberanía nacional constituye una gravísima ruptura del juego democrático dentro un Estado de Derecho de la Unión europea.

Al parecer, la celebración de una cadena humana por una entidad privada, para el Gobierno de Artur Mas, tiene más autoridad moral y legitimidad democrática que la representación política expresada democráticamente en el Parlament y en el Congreso de los Diputados.

Ayer se sitió Cataluña de norte a sur durante horas, poniendo el país al servicio de una ideología, lo que sólo ocurre en países de nulo cuajo democrático. Una vez más en Cataluña, los ciudadanos catalanes vimos como nuestros recursos públicos -carreteras nacionales, autopistas, televisión  y radios públicas y cuerpos de seguridad- no servían al interés general sino que se ponían una vez más al servicio de una ideología, impuesta como pensamiento único, y a las órdenes de una entidad privada, carente de representatividad social alguna.

Y la peor consecuencia del acto de ayer es la definitiva ruptura de la convivencia en Cataluña, al dividir la sociedad de forma irremediable en dos: en una facción de catalanes dispuestos obtener la independencia a cualquier precio y el resto de la sociedad catalana para la que, por el contrario, la convivencia es un valor superior.

Jordi Pujol, padre del nacionalismo catalán moderno, siempre sostuvo que “la convivencia es un valor supremo. Es verdad que el catalán es el nervio del país, pero, lo más importante es la convivencia. Si algún día, hubiese fractura, habría desestabilización en España y eso para Cataluña sería muy dramático" y, con ello,  una radical oposición a la independencia de Cataluña.

La conclusión es, pues, que la convivencia para CDC y Artur Mas ha dejado de ser un valor supremo, poniendo al descubierto que el discurso de la convivencia y la cohesión social, que siempre habían tenido en su boca, sólo era una apuesta estratégica, al servicio sólo de un interés político y electoral coyuntural.

Por lo tanto, ayer fue un día triste y dramático para Cataluña, cuando se ha producido lo que Pujol había abominado: la escenificación de fractura social en Cataluña y una constatación de la desestabilización política de consecuencias imprevisibles.

Pero el verdadero destinatario de la cadena humana de ayer fue Artur Mas, que a la vista está, hace un año dio un insólito salto cualitativo hacia la independencia, gracias a la presión ejercida por la ANC.  Ésta se ha visto con autoridad para dar otra vuelta de tuerca más a un Presidente de la Generalitat lábil, influenciable y sin personalidad, carente de ideas políticas y dispuesto a someter a una parte de la sociedad catalana, con tal de seguir esa huida hacia delante emprendida hace un año. Y, efectivamente, así ha sido, la Sra. Forcadell le ha puesto nuevamente deberes a la máxima autoridad de Cataluña: convocar un referéndum el año 2014. Y si no, que se atenga a las consecuencias.

A juzgar por el precedente, Artur Mas volverá a poner el interés de unos por delante de la democracia y se pondrá al servicio y a las órdenes de la ANC, menospreciando la soberanía nacional y su representación parlamentaria y, en definitiva, menospreciando la democracia.

UPyD, por supuesto, no va a permitir que la sociedad catalana pueda quedar sometida a las veleidades secesionistas y totalitarias que, desde el gobierno de Artur Mas, CiU y ERC, pretenden imponer el nacionalismo como ideología única y oficial.

Y, asimismo, UPyD seguirá defendiendo la convivencia en Cataluña como un valor superior, con la defensa de la Constitución y los valores constitucionales de pluralismo, libertad, Estado de Derecho y democracia, que garantiza la unidad de España.

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Celebrar una derrota amb una altra derrota. Crònica de la Via catalana

La cadena humana independentista, anomenada Via catalana, realitzada a la Diada d'ahir serà cebrada pels seus organitzadors com un èxit pel seu caràcter multitudinari. 

Difícilment podia ser un fracàs d'assistència quan des de fa mesos la maquinària propagandística desplegada comptava amb la participació del govern de la Generalitat, amb tots els mitjans de comunicació públics i tots els mitjans de comunicació subvencionats i concertats, en mans de l'independentisme. 

Malgrat això, més enllà d'una lectura partidària sobre l'assistència, la derrota de l'11 de setembre 1714 de les tropes austriacistas a Barcelona, paradoxalment, es va celebrar ahir amb una altra derrota, la derrota de la convivència i de la política. 

Ahir va ser derrotada la política entesa com a eina de la qual els ciutadans ens hem dotat per a la participació democràtica en la gestió dels assumptes públics. 

Ahir la política va ser derrotada i substituïda pel populisme. Hem de recordar que els partits que no van donar suport a la cadena tenen un recolçament popular superior als tres partits (CDC, ERC i CUP) que van recolzar i van participar a la mateixa. I, per tant, la pretensió de voler deixar en mans del populisme les decisions que democràtica i constitucionalment corresponen a la sobirania nacional constitueix una gravíssima ruptura del joc democràtic dins un Estat de Dret de la Unió europea. 

Pel que sembla, la celebració d'una cadena humana per una entitat privada, per al Govern d'Artur Mas, té més autoritat moral i legitimitat democràtica que la representació política expressada democràticament en el Parlament i al Congrés dels Diputats. 

Ahir es va assetjar Catalunya de nord a sud durant hores, posant el país al servei d'una ideologia, la qual cosa només ocorre en països de nul quall democràtic. Una vegada més a Catalunya, els ciutadans catalans vam veure com els nostres recursos públics - carreteres nacionals, autopistes, televisió i ràdios públiques i cossos de seguretat-, no servien a l'interès general sinó que es posaven una vegada més al servei d'una ideologia, imposada com a pensament únic, i a les ordres d'una entitat privada, mancada de representativitat social alguna. 

I la pitjor conseqüència de l'acte d'ahir és la definitiva ruptura de la convivència a Catalunya, en dividir la societat de forma irremeiable en dues: en una facció de catalans disposats obtenir la independència a qualsevol preu i la resta de la societat catalana per la qual, per contra, la convivència és un valor superior. 

Jordi Pujol, pare del nacionalisme català modern, sempre va sostenir que “la convivència és un valor suprem. És veritat que el català és el nervi del país, però, el més important és la convivència. Si algun dia, hi hagués fractura, hi hauria desestabilització a Espanya i això per a Catalunya seria molt dramàtic" i, amb això, una radical oposició a la independència de Catalunya. 

La conclusió és, doncs, que la convivència per a CDC i Artur Mes ha deixat de ser un valor suprem, deixant al descobert que el discurs de la convivència i la cohesió social, que sempre havien posat en la seva boca, només era una aposta estratègica, al servei només d'un interès polític i electoral conjuntural. 

Per tant, ahir va ser un dia trist i dramàtic per a Catalunya, quan s'ha produït el que Pujol havia abominat: l'escenificació de fractura social a Catalunya i una constatació de la desestabilització política de conseqüències imprevisibles. 

Però el veritable destinatari de la cadena humana d'ahir va ser Artur Mas, que a la vista està, fa un any va donar un insòlit salt qualitatiu cap a la independència, gràcies a la pressió exercida per l'ANC. Aquesta s'ha vist amb autoritat per fer una volta de rosca més a un President de la Generalitat lábil, influenciable i sense personalitat, mancat d'idees polítiques i disposat a sotmetre a una part de la societat catalana, amb tal de seguir aquesta fugida cap a davant empresa fa un any. I, efectivament, així ha estat, la Sra. Forcadell li ha posat novament deures a la màxima autoritat de Catalunya: convocar un referèndum l'any 2014. I si no, que s'atingui a les conseqüències. 

Si s'ha de jutjar pel precedent, Artur Mes tornarà a posar l'interès d'uns pel davant de la democràcia i es posarà al servei i a les ordres de l'ANC, menyspreant la sobirania nacional i la seva representació parlamentària i, en definitiva, menyspreant la democràcia. 

UPyD, per descomptat, permetrà que la societat catalana pugui quedar sotmesa a les pretensions secessionistes i totalitàries que, des del govern d'Artur Mas, CiU i ERC, pretenen imposar el nacionalisme com a ideologia única i oficial. 

I, tanmateix,  UPyD seguirà defensant la convivència a Catalunya com un valor superior, amb la defensa de la Constitució i els valors constitucionals de pluralisme, llibertat, Estat de Dret i democràcia, que garanteix la unitat d'Espanya. 

Federalismo e igualdad

Transcurridos 30 años desde la promulgación de la Constitución, puede hacerse un balance con perspectiva y en profundidad de los logros y de los fracasos de este proyecto político constitucional.

Es evidente que España durante estos años ha prosperado mucho, y parte importante de ese éxito se debe al diseño constitucional pensado para ese delicado momento político de salida de una dictadura y de consolidación de una democracia europea moderna.

Pero ese diseño político da muestras graves de agotamiento que, de no remediarse con celeridad, puede dar lugar al colapso de todo el sistema constitucional, con consecuencias imprevisibles. Basta abrir los periódicos para comprobar, a diario, este fracaso institucional. El prestigio de la Corona (Título II), el funcionamiento de las Cortes Generales y la representación política de los ciudadanos (Título III) y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (Títulos VI y IX) ha entrado en una caída en barrena, impensable hace sólo unos años.

Es urgente, pues, que se hagan las necesarias reformas constitucionales y legales que garanticen la total independencia del Consejo General del Poder Judicial, de los Tribunales Supremo y Constitucional, así como una reforma de la Ley Electoral que responda a una mayor y mejor representatividad de los ciudadanos; una reforma de la Corona que le otorgue la prestancia y dignidad perdida durante los últimos tiempos; y una auténtica Ley de Transparencia que garantice la exigencia de responsabilidad de todos ellos.

Pero el fracaso más evidente es del Título VIII, de la organización territorial, que se redactó por los constituyentes con el benévolo propósito de implicar a los nacionalismos vasco y catalán en la construcción política de España y de que, a su vez, la descentralización política cohesionase económica y socialmente todas las regiones españolas.

Lo cierto es que los resultados obtenidos, al cabo de tres decenios, son los contrarios a los previstos. En este momento, y a la vista está, el nacionalismo catalán y vasco están socavando la estabilidad de España con una deriva independentista creciente, amparada por el acomplejamiento de PP y PSOE; y, por otra parte, PSOE y PP, como partidos de ámbito nacional, han descubierto que el nacionalismo de cualquier índole (andaluz, gallego, valenciano, extremeño, etc…) es fuente de poder omnímodo, bastando con recurrir a la exaltación del sentimiento localista.

Pero, además, la inexistencia del diseño de un modelo territorial cerrado ha tenido como consecuencia la indeseable coexistencia de varios modelos territoriales contradictorios -de corte confederal, federal y unitario- cuya dinámica ha sido perversa: el constante chantaje político de los nacionalismos catalán y vasco para obtener constantes privilegios, la elefantización del Estado con la duplicidad de gastos y un despilfarro de recursos públicos sin exigencia de responsabilidad alguna, la desigualdad de derechos de los españoles en función del lugar donde viven y la creación de unos auténticos biotopos autonómicos de carácter clientelar.

Por eso, ahora es el momento de hacer propuestas que permitan superar urgentemente esta crisis institucional y política; y, en este sentido, no cabe duda que deben ser propuestas valientes y rotundas, sin complejos y formuladas desde la perspectiva del fomento del bien común de la nación.

Debe reformarse la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y CCAA e ir hacia la construcción de un modelo federal cooperativo, donde el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general y la cohesión social de todos los españoles y de su derecho a la igualdad y a la libertad, como son la justicia, la educación, la sanidad, el medio ambiente y el urbanismo, entre otros.

Por lo tanto, y como primera prevención, debe suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por pretender la existencia de derechos históricos que justifiquen privilegios de una parte de España.

Correlativamente, debe reformarse el Senado para que sea una verdadera cámara de representación territorial, de composición mixta de elección directa y por los parlamentos autonómicos, dejando que en el Congreso se debatan los intereses generales de ámbito nacional.

El modelo federal europeo es el modelo territorial que ha dotado a los países más prósperos de nuestro entorno más inmediato, como es el caso de Alemania y Austria, de estabilidad política, además de alcanzar de forma ordenada la igualdad de todos los ciudadanos.

No es casual la campaña de desprestigio que los nacionalistas, en plena deriva independentista del catalanismo político, están realizando de forma inmisericorde hacia las propuestas federales de España.

Con un Estado federal, se acabaría de una vez por todas el obstruccionismo y mala fe nacionalistas al quedar los gobiernos regionales sometidos a un estricto juego de normas constitucionales que les impediría chantajear al Estado para la obtención constante de nuevos privilegios, poniendo fin al pernicioso principio dispositivo de competencias. Y, también, se desacreditarían los falsos agravios esgrimidos por los independentistas, pues, nadie (cuerdo) en la Unión Europea tacharía a un sistema federal de organización del Estado, como el alemán o austríaco, de ser contrario a los principios de libertad, democracia e igualdad que la inspiran.

En este sentido, existe una sola fuerza política de carácter nacional que desde su fundación ha hecho frente con valentía a todo tipo de nacionalismo, del violento al supremacista, y que ha exigido sin ningún tipo de acomplejamiento abrir el melón de la reforma constitucional que garantice mayor libertad e igualdad de todos los españoles, con independencia de donde vivan y cómo piensen. Y esta fuerza, UPyD, está liderada por una mujer menuda y valiente, Rosa Díez, que vendrá a L'Hospitalet (Barcelona) el próximo 5 de septiembre, unos días antes de la Diada, para hablar de federalismo e igualdad, y, haciendo caso omiso al nacionalismo rampante que quiere dividir en dos y enfrentar a la sociedad catalana, explicar a la sociedad catalana la necesidad de un partido de ámbito nacional con una propuesta inevitable, inaplazable, de regeneración política.

Ramón de Veciana es miembro del Consejo de Dirección de UPyD

(Publicado en el digital La Voz de Barcelona - 31.08.2013 ) 

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FEDERALISME I IGUALTAT

Transcorreguts 30 anys des de la promulgació de la Constitució, pot fer-se un balanç amb perspectiva i en profunditat dels assoliments i dels fracassos d'aquest projecte polític constitucional. 

És evident que Espanya durant aquests anys ha prosperat molt, i part important d'aquest èxit es deu al disseny constitucional pensat per a aquest delicat moment polític de sortida d'una dictadura i de consolidació d'una democràcia europea moderna. 

Però aquest disseny polític dóna mostres greus d'esgotament que, de no remeiar-se amb celeritat, pot donar lloc al col·lapse de tot el sistema constitucional, amb conseqüències imprevisibles. Hi ha prou en obrir els diaris per comprovar,  dia a dia, aquest fracàs institucional. El prestigi de la Corona (Títol II), el funcionament de les Corts Generals i la representació política dels ciutadans (Títol III) i el Poder Judicial i el Tribunal Constitucional (Títols VI i IX) ha entrat en una caiguda en barrina, impensable fa només uns anys. 

És urgent, doncs, que es facin les necessàries reformes constitucionals i legals que garanteixin la total independència del Consell General del Poder Judicial, dels Tribunals Suprem i Constitucional, així com una reforma de la Llei Electoral que respongui a una major i millor representativitat dels ciutadans; una reforma de la Corona que li atorgui la prestancia i dignitat perduda durant els últims temps; i una autèntica Llei de Transparència que garanteixi l'exigència de responsabilitat de tots ells. 

Però el fracàs més evident és del Títol VIII, de l'organització territorial, que es va redactar pels constituents amb el benèvol propòsit d'implicar als nacionalismes basc i català en la construcció política d'Espanya i que, a la vegada, la descentralització política cohesionés econòmica i socialment totes les regions espanyoles. 

La veritat és que els resultats obtinguts, al cap de tres decennis, són els contraris als previstos. En aquest moment, i a la vista està, el nacionalisme català i basc estan soscavant l'estabilitat d'Espanya amb una deriva independentista creixent, emparada per l'acomplexament de PP i PSOE; i, d'altra banda, PSOE i PP, com a partits d'àmbit nacional, han descobert que el nacionalisme de qualsevol índole (andalús, gallec, valencià, extremeny, etc…) és font de poder omnímode, essent suficient amb recórrer a l'exaltació del sentiment localista. 

Però, a més, la inexistència del disseny d'un model territorial tancat ha tingut com a conseqüència la indesitjable coexistència de diversos models territorials contradictoris -de cort confederal, federal i unitari- que la seva dinàmica ha estat perversa: el constant xantatge polític dels nacionalismes català i basc per obtenir constants privilegis, l'elefantizació de l'Estat amb la duplicitat de despeses i un balafiament de recursos públics sense cap exigència de responsabilitat, la desigualtat de drets dels espanyols en funció del lloc on viuen i la creació d'uns autèntics biòtops autonòmics de caràcter clientelar. 

Per això, ara és el moment de fer propostes que permetin superar urgentment aquesta crisi institucional i política; i, en aquest sentit, no hi ha dubte que han de ser propostes valentes i rotundes, sense complexos i formulades des de la perspectiva del foment del ben comú de la nació. 

Ha de reformar-se la Constitució per tancar la distribució de competències entre l'Estat i CCAA i anar cap a la construcció d'un model federal cooperatiu, on l'Estat assumeixi una sèrie de competències exclusives i intransferibles en matèries claus per a l'interès general i la cohesió social de tots els espanyols i del seu dret a la igualtat i a la llibertat, com són la justícia, l'educació, la sanitat, el medi ambient i l'urbanisme, entre uns altres. 

Per tant, i com primera provisió, ha de suprimir-se la disposició addicional primera que consagra els drets històrics dels territoris forals, per ser contraris al valor superior de la igualtat que regeix la Constitució i per pretendre l'existència de drets històrics que justifiquin privilegis d'una part d'Espanya. 

Correlativament, ha de reformar-se el Senat perquè sigui una veritable càmera de representació territorial, de composició mixta d'elecció directa i dels parlaments autonòmics, deixant que al Congrés es debatin els interessos generals d'àmbit nacional. 

El model federal europeu és el model territorial que ha dotat als països més pròspers del nostre entorn més immediat, com és el cas d'Alemanya i Àustria, d'estabilitat política, a més d'aconseguir de forma ordenada la igualtat de tots els ciutadans.

No és casual la campanya de desprestigi que els nacionalistes, en plena deriva independentista del catalanisme polític, estan realitzant de forma inmisericorde cap a les propostes federals d'Espanya. 

Amb un Estat federal, s'acabaria d'una vegada per sempre l'obstruccionisme i mala fe nacionalistes en quedar els governs regionals sotmesos a un estricte joc de normes constitucionals que els impediria fer xantatge a l'Estat per a l'obtenció constant de nous privilegis, posant fi al perniciós principi dispositiu de competències. I, també, es desacreditarien els falsos greuges esgrimits pels independentistes, doncs, ningú (entenimentat) en la Unió Europea ratllaria a un sistema federal d'organització de l'Estat, com a l'alemany o austríac, de ser contrari als principis de llibertat, democràcia i igualtat que la inspiren. 

En aquest sentit, existeix una sola força política de caràcter nacional que des de la seva fundació ha fet front amb valentia a tot tipus de nacionalisme, del violent al supremacista, i que ha exigit sense cap tipus d'acomplexament obrir el meló de la reforma constitucional que garanteixi major llibertat i igualtat de tots els espanyols, amb independència d'on visquin i com pensin. I aquesta força, UPyD, està liderada per una dona menuda i valenta, Rosa Díez, que vindrà a L'Hospitalet (Barcelona) el proper 5 de setembre, uns dies abans de la Diada, per parlar de federalisme i igualtat, i, fent cas omís al nacionalisme rampant que vol dividir en dos i enfrontar a la societat catalana, explicar a la societat catalana la necessitat d'un partit d'àmbit nacional amb una proposta inevitable, inajornable, de regeneració política.

Ramon de Veciana és membre del Consell de Direcció d'UPyD

(Publicat al digital La Voz de Barcelona - 31.08.2013 )