Por la dignidad de la abogacía
Los abogados que suscribimos, colegiados del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), manifestamos nuestra más rotundo rechazo a la adhesión realizada por el Decano y la Junta de Gobierno al manifiesto denominado “La dignidad de Catalunya”.
La adhesión a dicho manifiesto constituye una intolerable presión al Tribunal Constitucional en sus deliberaciones de la sentencia que debe resolver el recurso de inconstitucionalidad que pende sobre el Estatut de Cataluña de 2006. Resulta desde todo punto inadmisible que el Colegio de Abogados más importante de Cataluña y el segundo en importancia de España avale con la referida adhesión el ataque contra la independencia de este órgano constitucional. No podemos aceptar que nuestro Colegio se preste a ser otro mensajero de la amenaza a la Justicia constitucional y, en definitiva, al garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Ningún grupo de ciudadanos, ni colectivo, ni siquiera que se diga mayoría, puede hacer llegar amenazas, veladas o explícitas, al Tribunal Constitucional, dirigidas a condicionar el ejercicio libre y en conciencia de su trascendental e insobornable función de juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes, de cualquier Ley, sea cual sea el Poder constituido que la haya elaborado y las mayorías o minorías que las hayan respaldado.
Los abogados como profesionales de la Justicia no podemos permitir que se ponga en entredicho la labor del Tribunal Constitucional pues, haciendo esto, se cuestiona todo nuestro sistema institucional. Pues hoy es presionado o amenazado el Tribunal Constitucional y mañana puede serlo el Tribunal Supremo o cualquier otro tribunal o instancia judicial. El abogado como interviniente indispensable de la Administración de Justicia no puede presionar a otro agente de la misma, sea Juez, Fiscal, Secretario, Funcionario o Procurador, ya que en otro caso tampoco podremos invocar nuestra independencia en términos de reciprocidad.
Y si alguna vez alguien incurre en este despropósito, como es el caso del llamado “Manifiesto por la dignidad de Catalunya”, lo que esperamos los abogados de Barcelona, lo que exigimos, es que nuestro Colegio, a través de sus órganos de gobierno que nos dirigen y representan, respalde a los órganos constitucionales y su independencia que, en definitiva, es ponerse del lado de los ciudadanos y de sus libertades, y acuda con todos los medios a su alcance a la defensa de la Norma Jurídica fundamental que las consagra, la Constitución, y por supuesto y en coherencia del Tribunal de Justicia que las defiende, el Tribunal Constitucional.
La única postura admisible de los órganos de gobierno de nuestro Colegio, si es que deciden intervenir en el debate público, es la de ayudar a la ciudadanía dando luz y claridad sobre el sentido de las Leyes con razonamientos y argumentos no, desde luego, aplaudiendo y menos adhiriéndose ciegamente a manifiestos manipuladores lanzados desde algunas instancias en su afán de zafarse del control constitucional de sus actos, no dudando en manipular los sentimientos de los ciudadanos hasta el punto de predisponerlos, con la utilización de un lenguaje emotivo, en contra del Tribunal que ha de juzgar si con sus decisiones han vulnerado o no la Ley de leyes, la norma fundamental que garantiza nuestra convivencia en paz y respeto y que preserva y protege las libertades de todos.
Por el contrario, los abogados catalanes que suscribimos este documento manifestamos nuestra plena confianza en la labor del Tribunal Constitucional, a pesar de las múltiples presiones que está recibiendo desde diferentes sectores; no pudiendo olvidar que, por su contrastada trayectoria y fecundo trabajo, ha sabido ser el máximo garante de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Resulta intolerable que el Decano y la Junta de Gobierno del Colegio se arroguen la representatividad de la totalidad de los abogados de Barcelona en la realización de manifestaciones de estricto contenido político, careciendo potestad estatutaria ni legitimidad de ningún tipo para ello. Ni el Decano ni la Junta fueron elegidos para realizar manifestaciones políticas, ni en su programa electoral siquiera se contenía la menor referencia al Estatuto y al recurso ante el Tribunal Constitucional. Si es voluntad del Decano y de la Junta de Gobierno intervenir en asuntos de la vida política deben dimitir de sus cargos y actuar a través de los partidos políticos, pero no utilizar una Corporación profesional para finalidades políticas ajenas a la profesión, ni utilizar ésta para espurios fines personales de proyección pública o política.
El Decano y la Junta de Gobierno han comprometido el prestigio y la independencia de la institución que representan. El Colegio aglutina un amplio colectivo formado por personas de diferentes ideologías pero que tenemos en común la defensa del Derecho, la Justicia y los órganos constitucionales que democráticamente nos hemos otorgado. El Decano y la Junta de Gobierno han malbaratado el saber hacer de ilustres compañeros que les han precedido en dicha responsabilidad, incluso en épocas más comprometidas, quienes si supieron llevar a cabo su compromiso con sensatez, prudencia, firmeza y determinación.
Es por ello que exigimos una explicación por parte del Decano y de toda la Junta de Gobierno y, a su vista, decidir sobre el proceder colegial para con ellos, Y ello es así, habida cuenta que, de no rectificarse a nivel corporativo el dislate en que se ha incurrido, deberá articularse corporativamente el remedio que ponga en su lugar el Colegio al que pertenecemos.
Por la dignidad de la abogacía.
Barcelona, 30 de noviembre de 2009
